o que es: el presupuesto es una herramienta de política pública, con la cual los gobiernos traducen, mediante la asignación de recursos, el proyecto ideológico que representan.

Con este trazo tenemos elementos para identificar la visión de las autoridades para atender y ofrecer respuestas a las necesidades de la población y al futuro esperado en cuanto a lineamientos económicos que marcan la pauta del ejercicio de la acción de gobierno.

El modelo económico de derecha aplicado en nuestro país en las décadas recientes, responde a una fiebre mundial de desmantelamiento del aparato público, de dejar de lado la obligación del Estado para garantizar el acceso a los derechos sociales, de quitarle su rectoría en sectores estratégicos y alentar un proceso de desregulación para una actividad de libre mercado que fija su mirada en las ganancias que se pueden obtener, es decir, la política se reduce a cosificar y cuantificar, las personas y sus circunstancias se subordinan a los intereses que generen, al ser considerados como elementos del proceso de producción.

Para atenuar esta visión, los gobiernos que representan ese proyecto, mediante el marketing, promocionan acciones fachada, venden una imagen de, a pesar de ser países con economías emergentes, contar con políticas de primer mundo.

Esa práctica de simulación ha llevado al país a recrudecer las condiciones económicas y sociales, con altos índices de desempleo, millones de personas en pobreza, zonas en situación de hambruna, abandono del campo, pérdida de la soberanía alimentaria y aumento de la inseguridad producida por la falta de atención de los problemas de fondo. Se convierte al Estado, bajo los gobiernos de derecha, en un fabricante de pobreza, manufacturador de corrupción y responsable de la crisis social.

En esa simulación del gasto, se mantiene en shock a la sociedad, generando un Estado de Excepción Permanente como lo definiera Walter Benjamín, al generalizar el clima de violencia y justificando el aumento descomunal de presupuesto a las corporaciones policiacas, al Ejército, a la Marina y a los servicios de inteligencia y espionaje del gobierno.

Lo que debe y debería ser: el gasto público debe considerarse como una herramienta más para garantizar el ejercicio de los derechos de las personas, tal como se ha venido haciendo en el Distrito Federal y en la mayoría de las delegaciones políticas donde hemos gobernado los partidos de izquierda.

Ese instrumento debe reducir las brechas de inequidad, abatir la pobreza, fortalecer el campo y los procesos de producción nacionales, preservar los recursos naturales para no comprometer los que corresponden a generaciones futuras, prevenir la violencia y no generarla, garantizar acceso a la educación, a la salud, empleo y vivienda con un enfoque de derechos, coadyuvar en los procesos de construcción de ciudadanía y recuperar el carácter social del Estado.

No sólo se trata de apoyar económicamente a los adultos mayores, a madres jefas de familia, a niñas y niños o a personas con discapacidad, sino de desarrollar toda una política integral que potencie sus habilidades, al considerarlos como sujetos de derechos. No se trata sólo de prestar los servicios, sino de lo que podemos hacer como gobierno para que las personas vean en una luminaria, una poda de árboles, un balizamiento o la recolección de basura, el mejoramiento de su entorno urbano que les proporcione un ambiente de seguridad donde puedan convivir de manera armónica con sus familias y vecinos, fortaleciendo el tejido social.

Ese es el enfoque de inversión de los recursos públicos que estamos llevando a cabo en Tlalpan, que se traduce en la creación y rehabilitación de infraestructura como espacios de desarrollo de la comunidad, en la aplicación de una política social que impulsa aptitudes y reconoce las necesidades diferenciadas de género y generación, en la eficiencia de los servicios públicos para el mejoramiento del entorno social como un catalizador de la seguridad, en la corresponsabilidad social como un factor de participación ciudadana en la construcción de políticas y en un buen trato a las personas como una retribución mínima por parte del gobierno hacia aquellas que lo hacen posible.

En suma, lo que debiera ser el gasto es no sólo mejorar las condiciones de vida, sino realmente generar las condiciones para que las personas puedan vivir y disfrutar.

*Titular de la delegación Tlalpan