l presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció ayer la expropiación de las empresas distribuidoras de electricidad en las ciudades de La Paz y Oruro, filiales de la trasnacional de origen español Iberdrola. Durante un acto oficial en el Palacio Quemado, el mandatario explicó la decisión: Nos vemos obligados a tomar esa medida para que las tarifas de servicio eléctrico sean equitativas en los departamentos de La Paz y Oruro, y la calidad de servicio eléctrico sea uniforme en el área rural y urbana.

Tras el anuncio, y como ha venido ocurriendo en episodios similares durante los meses recientes, el gobierno español se erigió en defensor oficioso de la trasnacional, lamentó la determinación del gobierno de La Paz, solicitó una indemnización justa para los inversionistas y señaló que las empresas expropiadas prestaban el servicio público de distribución de electricidad y nunca antes habían pertenecido al Estado boliviano, en un intento poco afortunado de desacreditar la medida anunciada por el mandatario.

La postura crítica del gobierno de Madrid contrasta con la actitud serena y conciliadora del gobierno boliviano, el cual, antes de decidir las nacionalizaciones referidas, sostuvo negociaciones infructuosas durante cuatro meses con Iberdrola a efecto de lograr un arreglo en torno al servicio y las tarifas eléctricas en zonas rurales, como recordó ayer el propio presidente, y garantizó que ese consorcio recibirá una justa compensación por las nacionalizaciones, incluso antes de que esa misma petición fuera formulada por La Moncloa. Se trata, pues, de una acción ponderada y decidida de conformidad con las necesidades de desarrollo de Bolivia; de una aplicación legal y legítima del principio de soberanía y de una decisión responsable en términos sociales, en la medida en que está orientada a reducir la brecha existente entre las comunidades rurales y urbanas en el país andino.

Por lo demás, con esta determinación del gobierno boliviano se cierra un año en el que se consolidó, a escala regional, un avance en la recuperación de potestades soberanas sobre recursos naturales e industrias energéticas nacionales y en el que se vio erosionado el vasto poder depredador que las trasnacionales del ramo han ejercido en la región en las décadas pasadas. En ese mismo contexto puede inscribirse la expropiación de la compañía Transportadora de Electricidad, propiedad de Red Eléctrica Española, por parte del régimen boliviano en mayo pasado, y la nacionalización de la petrolera YPF, antigua filial de la trasnacional Repsol, decretada por el gobierno argentino.

En sentido contrario de las campañas de linchamiento mediático que buscan colocar estas medidas como consecuencia de animadversiones o fobias gubernamentales hacia consorcios trasnacionales e incluso hacia la iniciativa privada en general, los procesos expropiatorios argentino y boliviano no son sino el ejercicio de una de las facultades básicas e irrenunciables de los estados: la de intervenir los intereses de entidades privadas cuando éstas representen un obstáculo para el desarrollo y la soberanía nacionales.

Por último, es pertinente contrastar los casos referidos con lo ocurrido en años recientes en nuestro país, en donde empresas como Repsol e Iberdrola han accedido a jugosas oportunidades de negocio gracias a una política energética de dudoso apego al mandato constitucional en la materia y de consecuencias nefastas para los consumidores del país y para las finanzas de paraestatales como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. La administración de Felipe Calderón llegó al extremo de fungir como salvadora de intereses corporativos foráneos, así ocurrió con la aventura accionaria de Pemex en la petrolera Repsol y la construcción de hoteles flotantes en astilleros gallegos; la actual, por su parte, ha iniciado con la velada amenaza de profundizar el giro privatizador de la industria petrolera nacional y de seguir anteponiendo, a diferencia de lo que ocurre en Bolivia y Argentina, el interés particular por encima del general.