Al no garantizarle a los defensores de derechos humanos un entorno seguro para que realicen su trabajo, el Estado mexicano está violando diversas disposiciones internacionales firmadas por el gobierno del país, lo cual contradice su discurso de supuesta preocupación por el tema.

Así lo advirtió José René Paz, colaborador del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quien destacó la falta de políticas públicas reales para combatir este fenómeno de violencia contra los activistas.

El especialista señaló en charla con La Jornada que México suscribió en 1998 la Declaración de las Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos, documento que aunque no tiene rango de convenio ni es un instrumento vinculante, sí incorpora diversos principios incluidos en otros instrumentos que son de observancia obligatoria para el gobierno del país.

Entre otros elementos, la declaración establece el derecho de los activistas a contar con un ambiente seguro para su labor; a ser protegidos de inmediato cuando así lo requieran, y a que las agresiones en su contra sean investigadas de manera exhaustiva e inmediata. Sin embargo, lamentó Paz, en México 98 por ciento de las agresiones contra defensores quedan en la impunidad. En esta materia, creo que México tiene una calificación de cuatro en una escala del uno al 10. no sólo se sigue atacando a los activistas, sino que se les criminaliza por su trabajo.