La administración de Enrique Peña Nieto recibió el conflicto zapatista prácticamente sin ningún avance respecto del estado que guardaba antes de que el PAN llegara al gobierno federal, en 2000.

Más de 10 años de informes revelan que el tema –derivado del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en 1994 en Chiapas– redundó en los años recientes en la integración y trabajos de una comisión de bajo perfil, limitada a la gestoría de peticiones de apoyos sociales para la región.

En el último tramo de gobiernos priístas, antes de su derrota electoral en 2000, no reportaron avances con el EZLN; por el contrario, este grupo hizo público su rechazo al diálogo con el aún presidiente Ernesto Zedillo; luego, en el foxismo, persistieron las denuncias de ocupación militar y de la Policía Federal en la zona zapatista.

En el último informe del presidente Felipe Calderón (2006-2012) se dijo que había acercamientos con representantes y mandos del EZLN; no obstante, no se estableció una mesa formal de diálogo hacia la paz con el grupo.

La Secretaría de Gobernación aseveró que la presencia de esta comisión gubernamental permitió a las comunidades indígenas recuperar paulatinamente la confianza en las instituciones gubernamentales, aunque no reporta ningún indicio hacia la firma de un documento de paz.

El reporte oficial 2012 indica: Se escucharon todas las voces, con pleno respeto a sus costumbres, tradiciones y formas de organización, exhortándolas a resolver sus diferencias por la vía del diálogo, lo que propició la distensión de conflictos intracomunitarios.

El tema fue motivo de análisis a escala gubernamental y de las organizaciones civiles, luego de que el pasado 21 de diciembre miles de integrantes de las base de apoyo zapatistas se manifestaron en diversos municipios de Chiapas.

Enseguida, el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, declaró: los zapatistas todavía no nos conocen; que no se adelanten, pues hay muchos compromisos con los pueblos indígenas de parte del presidente Peña Nieto (La Jornada, 24/12/2012).

Tres días antes, más de 40 mil integrantes de las bases de apoyo del EZLN marcharon en silencio y con el rostro cubierto hasta ocupar las plazas centrales de Ocosingo, San Cristóbal de Las Casas, Palenque, Altamirano y Las Margaritas.

Organizaciones civiles declararon que, por el contrario, los zapatistas sí conocen a los gobiernos priístas, en especial por las décadas de marginación para los pueblos indígenas, de ahí que –señaló Édgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia– están por verse los alcances del Pacto por México, firmado por el gobierno peñista y los partidos políticos.

Ya lo revisé; en la parte indígena parece que quieren imponer a los pueblos esta idea del desarrollo y la inversión, lo que significa no respetar su identidad ni su cultura, advirtió.

En el sexto informe de la administración calderonista se hace referencia a la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas; asegura que la Coordinación para el diálogo y la negociación en Chiapas realizó diversas acciones en la zona de influencia del EZLN, encaminadas a alcanzar la firma de un acuerdo de paz.

La coordinación se limitó a reiterar el compromiso gubernamental de impulsar el desarrollo social y fortalecer la gobernabilidad, a fin de alcanzar (sic) una región más segura, justa y próspera. En el apartado de acciones y resultados, la dependencia asegura que la vía del diálogo propició la distensión de conflictos intercomunitarios. Asegura que en el último año del sexenio fueron atendidas 404 solicitudes de gestión, entregadas por habitantes de 137 comunidades indígenas y representantes de 92 organizaciones sociales, pertenecientes a 10 municipios.