yer, al concluir el plazo formal para la presentación de amparos contra las reformas a la Ley Federal del Trabajo promulgadas en noviembre de 2012, fuentes del Poder Judicial informaron que se habían recibido más de un millón 120 mil recursos jurídicos sólo en la capital del país, interpuestos por gremios –entre los que destacan electricistas, telefonistas, trabajadores universitarios y el magisterio independiente– y por miles de empleados en lo particular. Varias organizaciones sindicales han acompañado la gestión legal con movilizaciones en varios puntos del país.
Quedó de manifiesto, así, que entre los asalariados del país es sólido y claro el rechazo a esa modificación legal que representa un retroceso a los derechos laborales de la población –por vía de la legalización de los contratos a prueba, la subcontratación y el pago por hora, entre otras disposiciones–, coloca a los asalariados en un estado de desprotección aún mayor que el que han padecido con las sucesivas administraciones del ciclo neoliberal, y refrenda el control ejercido por los intereses patronales y por el charrismo sindical en las instituciones y la clase política.
Desde que se inició el proceso de discusión legislativa en torno a esta reforma, en septiembre de 2012, se advirtió que no sólo resultaba lesiva al espíritu y la letra de los ordenamientos constitucionales en materia laboral, sino que contravenía los supuestos propósitos de la propia iniciativa: impulsar la creación de empleos, la competitividad y la productividad en la economía nacional. En efecto, la pretensión de debilitar la fuerza de trabajo y despojarla de garantías reduciría el poder adquisitivo de la mayoría de los asalariados del país y reduciría, en consecuencia, el mercado interno.
En suma, la reforma legal generó el rechazo de un sector amplio y creciente de la ciudadanía que no fue, sin embargo, recogido por ninguna de las dos instancias legislativas en las que fue discutida. Volvió a exhibirse, así, la enorme distancia entre el México formal y el país real: lo que en la primera esfera representa un motivo de consenso y hasta de orgullo, en la segunda constituye un factor adicional de agravio, de rechazo y de descontento.
La reducción de esa brecha social, política e ideológica entre la sociedad y sus cúpulas institucionales debiera ser un propósito central de la clase política y de la presente administración federal, por cuanto puede agravar la crisis de representatividad y reducir los márgenes de gobernabilidad.
En tal circunstancia, resulta insuficiente la afirmación de que el gobierno federal respetará los fallos del Poder Judicial sobre los referidos amparos –como señaló ayer la Secretaría del Trabajo y Previsión Social–. En vez de esperar a tales resoluciones sería preferible que los poderes Ejecutivo y Legislativo mostraran sensibilidad y altura de miras, rectificaran los términos en los que fue aprobada la reforma laboral y enmendaran de nueva cuenta el marco regulatorio en materia de trabajo, a fin de restituir los derechos y conquistas laborales eliminados. Si el desempeño de las bancadas legislativas en las semanas recientes se ha caracterizado por un ritmo vertiginoso en la discusión y aprobación de reformas legales –casi siempre en perjuicio de las mayorías y a contrapelo del sentir mayoritario– no hay razón para no actuar de la misma forma, pero esta vez para corregir una injusticia, un error político y un atropello a los trabajadores del país.
