ras el motín ocurrido el sábado pasado en el complejo penitenciario de Islas Marías, protagonizado por unos 600 internos para protestar por el empeoramiento de las condiciones de trabajo, alimentación y esparcimiento, y en el que resultaron heridos entre cinco y ocho mandos y custodios, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició ayer una investigación sobre las circunstancias de la rebelión y pidió al Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación la aplicación de medidas cautelares, a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad personal de los presos y de sus familiares, y evitar actos de represalia contra los amotinados. Asimismo, hizo un llamado a las autoridades para que tomen medidas orientadas a mejorar en forma urgente las condiciones de internamiento y estancia de los internos.

Cabe recordar que en el sexenio pasado el ex titular de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, estableció en la zona de la isla María Madre conocida como Laguna del Toro un centro de máxima seguridad para albergar a reos de alta peligrosidad, lo que se tradujo en restricciones a las actividades de los reclusos por delitos menores, quienes tienen permitido llevar a sus familias a las Islas Marías. Posteriormente, la Policía Federal, que tiene a su cargo la vigilancia de las colonias penales, redujo las actividades sociales y endureció las condiciones laborales de los internos. Con ello se afectó el funcionamiento del único centro de reclusión del país que podría considerarse ejemplar por sus perspectivas de rehabilitación, las condiciones de vida de los presos y su articulación con programas y actividades de readaptación, actividades productivas y proyectos ambientales.

La descomposición y el motín en uno de los penales más estables del país son ilustrativos de la crisis por la que atraviesa el sistema carcelario en general, agudizada por el crecimiento casi exponencial de la población carcelaria en los tres sexenios anteriores y, en particular, en el contexto de la guerra contra la delincuencia organizada emprendida por Felipe Calderón.

Resulta deplorable, por decir lo menos, que en las postrimerías de su gobierno el político michoacano haya exhibido como motivo de orgullo la construcción de 15 cárceles federales, habida cuenta de que ni la proliferación de prisiones ni el incremento en la población de éstas se ha traducido en una disminución de los índices delictivos ni, peor aun, en una reducción de la impunidad en el país.

Hoy existe el triple de personas en prisión que en 1994, pero la inseguridad y la violencia, lejos de amainar, se han extendido y ahondado. Los penales siguen siendo escuelas del crimen y en ellos campean la corrupción y las violaciones regulares a los derechos humanos.

En tal circunstancia, el nuevo gobierno federal tiene la necesidad imperiosa de concebir y aplicar un modelo penitenciario mínimamente eficaz y digno que, sin atentar contra las garantías irrenunciables de los reclusos, coadyuve a mejorar la seguridad de la ciudadanía. Porque, como permite constatarlo la frecuencia y gravedad de motines, fugas y muertes violentas en las prisiones del país, el problema de las cárceles es una bomba de tiempo.