n el más reciente vericueto del llamado caso Gürtel, voluminoso expediente de corrupción, lavado de dinero y compraventa de influencias en el seno del Partido Popular (PP), los señalamientos contra esa organización, que hoy gobierna en España, se han fortalecido por la difusión de un registro presuntamente escrito por Luis Bárcenas Gutiérrez, ex tesorero del PP, en el que se consignan diversos pagos irregulares a decenas de dirigentes de su partido –incluidos Mariano Rajoy, actual jefe del gobierno español, y el anterior líder del partido, José María Aznar–, así como de donaciones indebidas de empresarios, en lo que constituiría un caso de doble contabilidad que abarca un periodo de 18 años (de 1990 a 2008).

La derecha gobernante ha quedado acorralada por este nuevo tramo del escándalo. Ayer, el propio Rajoy se vio obligado a abordar el tema ante los medios, y lo hizo en forma por demás ambigua: Lo referido a mí y mis compañeros no es cierto, salvo alguna cosa, en tanto que otros integrantes del PP han admitido que recibieron diversas sumas de dinero. Entre la negación total de autenticidad de los papeles de Bárcenas y los reconocimientos de que al menos algunas operaciones consignadas en ellos son reales, Rajoy y su partido experimentan una oleada de indignación social por las revelaciones, en tanto que la principal formación opositora, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ha emplazado al habitante de La Moncloa a dimitir.

Para mayor complicación, esta nueva ola de escándalos revienta justo en el momento en que el gobierno de Rajoy enfrenta una exasperación social sin precedentes por la destrucción del Estado de bienestar operada desde el poder público, destrucción que es exigida por el gobierno alemán, la Unión Europea y los organismos financieros internacionales.

Más allá de la indignante circunstancia de que los más altos mandos del PP se hayan beneficiado con sumas de dinero que constituyen una ofensa para la depauperada ciudadanía española, los papeles de Bárcenas parecen confirmar que la institucionalidad de España se encuentra devastada por la corrupción, la cual ha afectado tanto al PP como al PSOE en distintos momentos de la transición. Con una dureza excepcional, The Financial Times lo describe así: casi todas las instituciones, desde la monarquía al sector judicial, muestran signos de podredumbre. Por lo demás, las revelaciones han provocado inestabilidad en los mercados financieros españoles.

Por partida doble, pues, la sociedad española empieza a caer en la cuenta de las simulaciones emprendidas por su clase política tras el fin de la dictadura franquista: el desarrollo económico resultó tener pies de barro, como lo exhibe la aguda crisis del momento actual, en tanto la supuesta madurez institucional y democrática tan pregonada por los gobernantes de Madrid se revela como un océano de corrupción y venalidad en el que se encuentran inmersas entidades que hasta hace poco parecían un referente de credibilidad, como la corona.