Cruz Grande municipio de Florencio Villarreal, Gro., 10 de febrero. ‘‘Esta es una revolución de saliva más que de armas; es de convenios’’, aseveró aquí ante la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Gonzalo Torres, durante una asamblea en esta población de la Costa Chica, en la que se entregaron aparatos de radiocomunicación a miembros de las brigadas de autodefensa surgidas en enero.

En el auditorio municipal se reunieron unas 300 personas, de las cuales unas 50 portaban armas, pero, a diferencia de cuando instalaron seis retenes los primeros días de enero de este año en diferentes poblados de la región, ‘‘para frenar a la delincuencia’’, esta vez no estaban encapuchados, cumpliendo así con el compromiso adquirido con las secretarías de Gobierno estatal y de Gobernación federal.

Varios de los hombres armados portaban camisetas con el escudo de la policía comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), cuya ‘‘casa de justicia’’ en el municipio de San Luis Acatlán continúa en poder de disidentes de esa organización afines a la UPOEG.

Torres informó que el próximo viernes 15 la dirigencia de la organización se reunirá en Tecuanapa –también en la Costa Chica– con los delegados federales en la entidad para tratar con ellos asuntos del desarrollo de los pueblos, ‘‘porque siempre los apoyos llegan a los ayuntamientos y ahora los recursos van a llegar directamente a las comunidades... los comisarios que no tienen peticiones que la vayan pensando’’, exhortó.

Bruno Plácido Valerio, dirigente de la UPOEG, consultado sobre el número de radios entregados hoy, comentó que fueron 70 u 80; sobre quién los financió, indicó que se compraron ‘‘con la cooperación de transportistas y ganaderos’’ de la región. En su discurso ante la asamblea aseguró que con la operación de las brigadas de autodefensa, que ahora denominó abiertamente ‘‘policías comunitarios’’, se ha devuelto ‘‘85 por ciento de la seguridad a los ciudadanos’’.

Este movimiento ‘‘no está contra los que tienen’’, dijo, convocando al empresario a sumársele, ‘‘porque él tiene mucho que perder’’ con la inseguridad, tiene más que quitarle la delincuencia, enfatizó.

Para los que todo el tiempo dicen que deben ajustarse a la ley, comentó que el movimiento está fundamentado en la Constitución, que la ley debe servir al pueblo y cuando es rebasada debe ser cambiada. ‘‘No estamos contra el gobierno... hoy el pueblo se está organizando, pero no para la guerra... las armas van a ser para defender la casa, la dignidad, la vida’’, subrayó.

Instó a todos los pueblos a designar a sus policías comunitarios y a que entreguen las respectivas actas de asamblea con los nombramientos para que tengan legitimidad, y se va a hacer un concentrado para que el Ejército y las policías estatal y federal sepan quiénes son ‘‘los que pueden andar armados’’. Se hará una lista también de a quién se le entregan los equipos de radiocomunicación y otro concentrado para saber las tallas de los uniformes que se dotarán a los ‘‘policías comunitarios’’.

La coordinación con las instituciones tiene que darse, añadió. Informó que de los 41 presuntos delincuentes detenidos por las brigadas de autodefensa en enero le entregaron 11 al gobierno, ‘‘porque era necesario’’, pero van a darle seguimiento permanente al convenio firmado para que se les sancione conforme a derecho; si los liberan ‘‘el águila va a agarrar su presa otra vez’’.

En San Luis Acatlán –en la zona de la Costa-Montaña–, miembros de la CRAC-PC y de UPOEG, encabezados por Cirino Plácido Valerio, anunciaron anoche que participarán en la reunión regional de la coordinadora a efectuarse el próximo 23 de febrero en esa ciudad. Al mismo tiempo designaron a 10 de sus miembros, una coordinación provisional que se hará cargo de la ‘‘casa de justicia’’ en San Luis Acatlán, hasta que se designe a los nuevos coordinadores.

A solicitud de la UPOEG, el sábado por la noche diez comisarios que por la mañana habían participado en la asamblea convocada por la dirigencia oficial CRAC-PC, se presentaron a dialogar, pero se negaron a participar en la citada comisión provisional.

El sacerdote Mario Campos –a quien los disidentes de la CRAC-PC designaron como intermediario entre las partes en conflicto, junto con el presidente del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera– propuso que se aceptara iniciar un diálogo este lunes con la CRAC, y participar en la asamblea general del próximo 23 de febrero en San Luis Acatlán. ‘‘No es una muestra de debilidad, somos los mismos; hay que enderezar el barco’’.

Por otra parte, esta mañana en la comunidad de El Durazno, municipio de Tixtla, ubicada a 20 kilómetros al oriente de la ciudad de Chilpancingo, capital del estado, unos 30 ciudadanos armados y encapuchados instalaron un retén en contra de la delincuencia organizada. Además en Cualac, en la Montaña Alta, rindieron protesta 119 miembros de la policía ciudadana y popular, armados con escopetas y uniformados.