Chicoloapan, Mex., 3 de mayo.

Guadalajara, Jal. Armando Bañuelos Hernández fue despedido hace cuatro años y medio de la constructora Urbi, y hace 11 días empezó una huelga de hambre para exigir indemnización justa, la cual justamente ha servido para aglutinar el descontento contra la empresa de los vecinos de Paseos de Santiago, fraccionamiento que la inmobiliaria construyó y administra con graves deficiencias en sus servicios. La noche de este viernes su campamento de resistencia a las puertas de ese centro habitacional ubicado en Tonalá fue sede de una asamblea de colonos para acordar las medidas de presión a seguir, entre ellas evitar el paso a las oficinas de Urbi, ubicadas en Matatlán, municipio de Tonalá. Me siento mareado, tengo calambres y mucha debilidad, expresó Bañuelos, quien trabajaba de asesor inmobiliario de Urbi hasta que la empresa decidió despedirlo con el argumento de que ganaba mucho: 28 mil pesos mensuales. Entrevistado tras asistir a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para una reunión programada con representantes de Urbi, Bañuelos –como ha sido la constante durante los casi cinco años que mantiene su litigio laboral– acudió, pero la contraparte no llegó a la cita. Explicó que en el proceso hay irregularidades porque no toman en cuenta testimoniales, documentos y se desvanecen las pruebas.

Zacatecas enfrenta por tercer año consecutivo una de las peores se- quías, informó el gobernador Miguel Alonso Reyes, al inaugurar este viernes la presa Guanajuatillo, la cual captará agua destinada a los hatos ganaderos del municipio de Fresnillo.

Cuernavaca, Mor. El cabildo de esta ciudad autorizó al alcalde priísta Jorge Morales Barud gestionar ante el Congreso la contratación de un crédito por cien millones de pesos, que servirán para que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca pague a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) una deuda heredada por la administración anterior. Según el ayuntamiento, el alcalde logró que el gobierno federal bajara el monto de la deuda de 650 a 48 millones de pesos, pero para hacer efectivo ese acuerdo necesita invertir otro tanto.

León, Gto. Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la reforma constitucional que da estatus de persona al óvulo fecundado, el gobierno de Guanajuato garantizará la interrupción del embarazo en caso de violación, como marca la Norma Oficial Mexicana 046, prometió el gobernador Miguel Márquez Márquez. El panista adelantó que acatará la norma sobre violencia familiar y sexual contra las mujeres que obliga a los estados a interrumpir los embarazos por violación a petición de la víctima. Al Congreso local le corresponde normar el procedimiento, porque en el estado no es punible el aborto en caso de violación, dijo.