La resistencia de las comunidades zapatistas y adherentes a la Sexta declaración de la selva Lacandona, así como las protestas de otras organizaciones como OCEZ, ha vuelto visible la profunda arbitrariedad con que opera en Chiapas el sistema de justicia. Los casos de sus compañeros en prisión dejaron de ser aislados, y en conjunto revelan cuán desigual es la impartición de justicia. Y la multitud de laberintos formales han de seguir para recuperar la libertad de la que nunca debieron ser privados.

En los próximos días, Miguel Demeza Jiménez, adherente a la Sexta de San Sebastián Bachajón, enfrentará una audiencia del juicio de amparo 1478/2012 promovido ante el juez quinto de distrito en Tuxtla Gutiérrez, Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, en contra del auto de formal prisión que dictó un juez de Cintalapa de Figueroa por el presunto delito de robo con violencia el 30 de septiembre de 2012.

Una vez más, como en los casos de Alberto Patishtán, Rosario Díaz Méndez (y no hace mucho el zapatista Francisco Sántiz López, liberado en enero), se trata de una venganza, y un chivo expiatorio para autoridades locales (de El Bosque, Huitiupán y Tenejapa, en dichos casos, de Ocosingo y Chilón en el de Demeza Jiménez, preso en el El Amate, igualmente acusado de delitos que no cometió).

Este miércoles, según recordó a La Jornada vía telefónica Patishtán Gómez, se cumplieron 13 años de la impune masacre de policías en el municipio de El Bosque, por la cual sigue en prisión, por venganza del entonces edil priísta Manuel Gómez Ruiz. Sirva la efeméride para subrayar los inmensos esfuerzos que representa la lucha por la libertad de estos indígenas, víctimas de diversas discriminaciones legales, culturales, políticas, y el kafkiano y tortuoso proceso que se impone a ellos, sus familias, comunidades y organizaciones, sin ignorar la corrupción institucional que permite las trampas ministeriales.

A partir de la audiencia constitucional para Demeza Jiménez, a celebrarse el próximo 18, el juez emitirá sentencia. La defensa prevé precisar las graves violaciones cometidas en su contra por la Procuraduría General de Justicia de Chiapas.

Demeza Jiménez, de 32 años, es campesino tzeltal, albañil y padre de niños. Según su defensor Ricardo Lagunes Gasca, fue detenido en Ocosingo mientas comía en un puesto callejero en compañía de su primo Jerónimo, sin orden de aprehensión, el 7 de octubre de 2010, arraigado y torturado por la Unidad Especializada Contra el Delito de Secuestro, dependiente de la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada del Estado, y posteriormente enviado a El Amate como probable responsable de robo con violencia a la Ferretería Coxito, ocurrido el 18 de septiembre 2010, y además probable responsable del secuestro de un menor de edad en Ocosingo, el mismo 7 de octubre.

El robo había ocurrido tres semanas atrás. El gerente de Coxito, Emilio Adiel Argueta Ruiz, denunció los hechos dos días después. Manifestó que durante el atraco se encontraba con una empleada y un tal señor Jorge; que no reconoció a los asaltantes, y que lo golpearon en la cabeza con tal fuerza que quedó inconsciente, y despertó hasta que los asaltantes hubieron escapado. No se dio cuenta de más.

El 15 de octubre, el propio Argueta Ruiz fue presentado por elementos de la Policía Especializada ante el fiscal de la unidad contra secuestro, debido a que su número de celular estaba vinculado al de su amigo Rubén Aníbal Ramírez Monge, con el cual se operó el rescate del secuestro de un menor el 7 de octubre. En esta segunda declaración, Argueta Ruiz, cambió radicalmente su denuncia de septiembre e introdujo nuevos testigos presenciales, entre ellos Ramírez Monge, e indicó que ese día les robaron el celular de marras. En su primera declaración no mencionó celular alguno, y mucho menos que su amigo estuviera presente en el lugar. Sin embargo, Ramírez Monge es ahora la única persona que dice reconocer al indígena de San Sebastián como partícipe del robo.

El Ministerio Público mostró al ferretero, a su amigo y sus testigos, una fotografía de Demeza para que lo acusaran del robo y el secuestro, cosa que hicieron. Así, a pesar de que existían mayores elementos para investigar a Argueta Ruiz y Ramírez Monge por su probable participación en el secuestro, fueron liberados e imputaron la responsabilidad a Demeza de manera ilegal y malintencionada.