La Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) entró en la fase final de la revisión de gastos de las campañas presidencial, de senadores y diputados de 2012, que deberán ser discutidos y aprobados la primera semana de julio.

Estadísticas del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública indican que en 2012 al menos 144 víctimas de secuestro fueron asesinadas en México, lo que representa la segunda mayor cifra en un año desde 1971, y sólo es superada por la de 2010, que fue de 219 casos. José Antonio Ortega Sánchez, dirigente de esta organización civil, señaló que hay una tendencia al alza en el delito de secuestro en el país. Sostuvo que con el paso de los años, los plagiarios se han ido tornando cada vez más crueles e irracionales con las personas que privan de su libertad, tanto por la absurda suposición de que a mayor maltrato mayor será el monto del rescate, como por puro sadismo, ya que en casi la totalidad de los casos de asesinato los familiares de las víctimas habían pagado el rescate. En 2012 de cada 100 casos de secuestro, en cinco las víctimas fueron asesinadas”. De igual manera, refirió que de mil 536 secuestrados que fueron asesinados entre 1971 y el 2012, casi 50 por ciento de los casos ocurrieron durante el gobierno de Felipe Calderón.

El gobierno federal defendió la cifra que emite mensualmente sobre homicidios dolosos en el país; aseveró que no son estadísticas, sino datos duros comprobados, sistematizados con base en la misma metodología utilizada en el sexenio de Felipe Calderón. Lo hemos mantenido así porque queremos dar transparencia y las comparaciones de unas cifras y otras sean de la misma metodología, es decir, comparar peras con peras y manzanas con manzanas, dijo a La Jornada Eduardo Sánchez, vocero del gabinete de seguridad.

Unos 300 integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marcharon ayer del Zócalo capitalino a la sede del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) para exigir mejor trato de la institución hacia los profesores y el resto de los derechohabientes.