Retraso y propuestas para no afectar intereses, entre los riesgos
Viernes 14 de junio de 2013, p. 20
El reclamo de mantener el espíritu de la reforma constitucional a telecomunicaciones durante la redacción de las leyes secundarias fue el común denominador entre los asistentes a la firma del decreto para su promulgación el lunes pasado, porque el diablo está en los detalles
.
La presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Aleida Calleja, advirtió que en este etapa los riesgos son que se pretenda parar la elaboración de reglamentos, como ocurrió con la Ley de Amparos, que tardó 12 años en salir; que los concesionarios busquen y logren introducir propuestas para que no sean afectados sus intereses, y la integración del Instituto Federal de Telecomunicaciones, con el alto ingrediente político que conlleva.
En México ha sido más fácil modificar la Constitución que redactar las leyes reglamentarias en muchos casos
, alertó.
Por separado, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan Pablo Castañón, dijo que la reforma en telecomunicaciones detonará inversiones inmediatas de mil millones de dólares por parte de empresas, principalmente canadienses y europeas, interesadas en el sector en México, que ya se pusieron en contacto con este órgano patronal para recibir asesoría sobre los segmentos de telefonía, banda ancha y medios de comunicación.
En coincidencia, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, dijo que con la reforma México se convertirá en uno de los mejores destinos para la inversión nacional y extranjera en el sector telecomunicaciones, y estimó que en principio de triplicará.
Calleja puntualizó que en el caso de la regulación a telecomunicaciones hay más claridad que en radiodifusión. Aunque hace falta precisar las condiciones para que el organismo regulador pueda ordenar la desincorporación de activos y la desinversión en telecomunicaciones es muy claro que esa disposición va dirigida a empresas como Teléfonos de México y América Móvil; pero en el tema de radiodifusión hace falta ser sumamente precisos en el punto de propiedad cruzada, porque hasta ahora incluye medios electrónicos, pero no otros medios ni plataformas.
Señaló que en el tejido fino
de las leyes y reglamentos se deben estipular los detalles de cuándo y cómo se podrá ordenar la desincorporación de activos o la desinversión, fincar sanciones tan fuertes que los concesionarios tengan que cumplirlas en vez de preferir violar la ley porque de todos modos ganan más, y puntualizar el concepto de concesión única para evitar la concentración de frecuencias.
Reanuda sesiones el pleno de la Cofetel
Precisó que las empresas que se encuentran en el mercado de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México han extendido sus negocios a muchos otros rubros que no pueden considerarse parte de estas industrias, pero que requieren la vigilancia de la competencia económica, como es el caso de la publicidad, el futbol, entretenimiento e información, por lo que la legislación secundaria, en especial en materia de competencia debe ser muy precisa y considerar los grupos de interés.
El pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) resolvió diferendos por tarifas de interconexión entre Telefónica Movistar y empresas de telecomunicaciones de Televisa,.
Acordó que Apizaco y Tlaxcala se conviertan en una misma área de servicio local para que sus habitantes ya no paguen larga distancia en el servicio telefónico entre sí, además de autorizar a algunas televisoras modificaciones técnicas para el servicio de televisión digital terrestre y requirió a 65 para que expliquen sus avances y la información que han ofrecido a sus usuarios sobre el proceso de transición.
El miércoles la Cofetel reanudó las sesiones de pleno, luego de que este trabajo colegiado había sido suspendido para coordinar con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) los trabajos que deberán realizar para cumplir con la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que marca la reforma constitucional del sector.