Bogotá, 18 de junio.

Justo en medio de un proceso de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que busca terminar con el conflicto armado interno de casi medio siglo, en Colombia fue aprobada una polémica ley que amplía el alcance de la justicia castrense a casi todos los delitos cometidos por militares.

La ley del fuero penal militar, impulsada por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, fue aprobada la víspera en el Congreso por una amplísima mayoría. La norma requirió previamente de una reforma constitucional, cumplida en 2012. Ahora la Corte Constitucional debe revisar que el proyecto se ajuste a la carta magna, y de ser así lo pondrá en vigor el mandatario.

Con esta nueva ley se extienden las competencias de los tribunales castrenses para juzgar a los militares, que sólo podrán ser sometidos a la justicia ordinaria en los casos de genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado.

Todas las demás infracciones al derecho internacional humanitario que se cometan en el ámbito del conflicto armado pasarán a la jurisdicción militar.

La reforma púnicamente fue rechazada por el izquierdista Polo Democrático Alternativo, cuyo representante, Iván Cepeda, dijo que querían evitar el desvertebramiento de la justicia al votar en contra y que ahora confían en que la Corte Constitucional” la declare inconstitucional.

La norma ha sido muy criticada por organismos humanitarios, entre ellos la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que temen que promueva la impunidad.

La ley entra en una ambigüedad sobre qué es una ejecución extrajudicial, señaló Javier Ciurlizza, director para América Latina y el Caribe de la fundación de prevención de conflictos International Crisis Group.

En La Habana, la delegación de las FARC que participa en las conversaciones de paz con el gobierno colombiano, insistió en que se convoque a una asamblea constituyente que redacte una nueva carta magna.

Señaló que este proceso no puede dejarse para después de abandonar las armas, sino ser parte de un tratado de paz y nuevo contrato social.