La creación del instituto nacional electoral (INE) implicaría un avasallamiento de las instituciones electorales locales, una excesiva concentración de decisiones en una sola instancia y una sobrecarga que no necesariamente podrán revertir las deficiencias de los procesos locales, coincidieron en señalar analistas, ex consejeros y magistrados.

Durante un seminario sobre la viabilidad del INE, María del Carmen Alanís, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sostuvo que los argumentos centrales para impulsar una reforma de semejantes dimensiones –falta de autonomía en los órganos estatales– en realidad son falacias que no justifican hacer a un lado a los organismos estatales electorales.

Dijo que si se acusa a los organismos de carecer de autonomía habría que preguntarse si con la creación del INE desaparecerían las tentaciones de presionar e incidir en las decisiones en vocales ejecutivos o funcionarios del nuevo organismo. Sostuvo que México requiere reformas, pero con tiros de precisión y compromisos de los partidos con los procesos democráticos.

Igualmente escéptico del INE, José Woldenberg, ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral, se pronunció en contra de una excesiva centralización en la materia –contraria al federalismo– en una instancia. Consideró que esto avasallaría a los organismos estatales en sus funciones y recordó que no todo se puede y debe homogeneizar y menos por decreto. Citó el caso de Oaxaca, donde 400 ayuntamientos son electos por usos y costumbres.

Señaló que el hecho de que la mayoría de los consejeros locales sean electos por tres años no es propicio para alentar mayor autonomía, sugiriendo que sean electos por periodos similares a los consejeros federales.

Durante el seminario, el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, señaló que es necesario reflexionar sobre una reforma integral. Aseveró que en la última se introdujeron cambios como la ampliación de facultades en fiscalización para facultar como única instancia para allanarse al secreto bancario o bien, conferirle la exclusiva facultad de administrar los tiempos del Estado representa avances hacia una autoridad nacional.

Sin embargo, al abundar sobre las funciones de los institutos electorales locales, rechazó versiones de que su desaparición implique un sustancial ahorro en el costo de las elecciones, porque hay gastos que están asociados al proceso mismo, con independencia de quien sea el organizador, como las erogaciones para financiar la capacitación electoral.

Francisco Guerrero, consejero del IFE, se mostró en favor de explorar una tercera vía para la reforma electoral. Se declaró en contra de prejuzgar de que los organismos estatales carecen de autonomía, señalando que con su desaparición vendrán ciudadanos puros ajenos a la política. En este sentido reivindicó la necesidad de que buena parte de los cambios que se requieren, provienen de mayores compromisos políticos por cumplir la legislación.