sta figura, creación de un neoliberalismo entendido como la apropiación del patrimonio de todos para beneficio de pocos, requiere de una discusión amplia. Tomo como ejemplo de las consecuencias de aceptarlos en los términos actuales, el de la Supervía Poniente. Al referirse al incumplimiento de los compromisos de la empresa OHL-Copri con vecinos y vecinas afectados por la Supervía, el jefe del Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, expresó que la Consejería Jurídica revisaría el caso ( La Jornada, 16 de junio de 2013). Dudamos que haya resultados. Si como jurista, el jefe de Gobierno revisa el título de concesión, encontrará que no se establecen sanciones en ningún caso.

Esto ha sido evidente: la Supervía se entregará en julio, con más de un año y medio de retraso, ¡y no hay multa aplicable! Las muertes y accidentes por negligencia durante el curso de la obra, tampoco han sido objeto de sanción. La calidad de la obra es muy deficiente y no se le ha amonestado. Los casos de afectación en las casas se han negociado con un representante de la empresa que obligó a los vecinos y vecinas a firmar en condiciones lesivas, sin que el gobierno interviniera, pues afirma que no le corresponde. La suplantación de papeles es tal que, en un anuncio, la constructora OHL presumía la Construcción comités vecinales ( La Jornada, 20 de junio, p. 9).

Sorprende que Miguel Ángel Mancera no conozca los términos en que se dio la concesión en la época de su antecesor, Marcelo Ebrard, porque la Comisión Civil de Acompañamiento del Frente Amplio contra la Supervía Poniente le entregó un expediente muy completo desde que era candidato a la jefatura de Gobierno; nunca hubo respuesta de su parte.

Ahí se le explicaba que el título de concesión del 10 de abril de 2010 era lesivo para el Distrito Federal por varias razones. Una muy importante es que en la cláusula 20 se establece que en caso de rescate de la vía, la concesionaria tendrá derecho de obtener una indemnización cuyo monto será fijado por peritos tomando en consideración los estudios financieros que se presentaron para el otorgamiento de la concesión, el tiempo que falte para que se concluya el plazo de vigencia de la concesión y la amortización del capital invertido y de la TIR [tasa interna de retorno] del proyecto.

Si como ha ocurrido hasta ahora y como han afirmado diversos especialistas, por la Supervía no circulará el número de autos esperado para la recuperación de la inversión: 40 mil al inicio de la obra y 140 mil hacia el décimo año, tendremos que pagar a la empresa más de 6 mil millones de pesos, más los intereses acumulados.

Pero además, en la cláusula décima se establece que la concesionaria tendrá la facultad de incrementar las tarifas máximas vigentes en forma tal que, como consecuencia de dicho incremento tarifario se logre una reducción en tránsito diario promedio anual y se asegure que en todo tiempo la vía opere con las condiciones de fluidez y seguridad previstas en la condición décima primera del presente título de concesión. Mano libre total para la empresa que en función del desempeño operativo de la vía, la concesionaria podrá realizar y presentar a la dependencia auxiliar los estudios necesarios para evaluar la conveniencia de ampliar la vía mediante la incorporación de tramos adicionales o derivaciones que puedan beneficiar el tránsito vehicular de la zona (cláusula décimo octava).

De todo esto dio cuenta a tiempo el Frente Amplio y jamás fue escuchado por el gobierno, que sigue sin cumplir la recomendación 1/2011 de la CDHDF. Por otra parte, la sentencia de la sala superior del TCADF tiene año y medio de retraso, lo que es inadmisible; sólo se explica por el conflicto de intereses de la presidenta de ese tribunal, Jazmín Esquivel Mossa, esposa desde diciembre de 2011 del señor Riobóo, constructor de la Supervía.

Es extraño que ahora se le ponga tanta atención a estos nuevos afectados por la Supervía, varios de los cuales estuvieron al lado del gobierno y contra el frente en su momento. Si no se trata de una mera forma de presión a la empresa para que dé recursos, se esperaría de Miguel Ángel Mancera que sea parejo y cumpla con la recomendación de la CDHDF; también que haga un llamado al TCADF para que, con autonomía, ratifique la sentencia que ya emitió la primera sala y que evidencia la ilegalidad de la obra. La ALDF, por su parte, tendría que modificar la ley, para impedir títulos de concesión como este, fruto de la complicidad entre gobierno y empresas. ¿Será demasiado pedir?