En noviembre de 1956, el gobierno de Baja California se apropió de un terreno en la colonia San José Sandoval, en La Mesa, Tijuana, en donde construyó la penitenciaría del estado, que con el paso del tiempo fue conocida como El Pueblito.

No hubo un acuerdo firmado ni contrato de comodato entre el gobierno estatal y el propietario del terreno, Roberto Estudillo Alvarado, y las cosas se mantuvieron sin cambio hasta la muerte de éste.

Los herederos de Estudillo, uno de los hombres más ricos del estado de Baja California, emplazaron a juicio en 2004 al gobierno estatal para que les regresara la citada propiedad, además de demandar el pago atrasado por el tiempo que lleva ocupado, así como el pago de costas por el juicio. La resolución del asunto finalmente está en manos de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Trascendió que hay división de opiniones entre los cinco ministros que integran la sala, y que incluso hay quien considera que la autoridad de la entidad norteña debe restituir y entregar el terreno ‘‘de inmediato’’. Se prevé que el asunto se resuelva próximamente.

La autoridad alega que tenía derecho sobre el lugar con base en la figura jurídica de la acción de prescripción (por el tiempo que estuvo en posesión del predio), en tanto que los quejosos demostraron que son los legítimos dueños.

El 30 de mayo de 2012, el Tribunal Superior de Justicia de Baja California le dio la razón a los herederos de Estudillo Alvarado, al establecer que no hay ninguna ley federal o estatal que faculte a los gobiernos a apropiarse de terrenos privados sin la realización del pago correspondiente.

Incluso, los magistrados precisaron que, en todo caso, la autoridad estaba en condiciones de expropiar el terreno e indemnizar a los dueños.

Sin embargo, inconforme con la decisión, el gobierno de Baja California interpuso un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el asunto fue turnado a la primera sala del máximo tribunal.

Esta prisión, conocida como El Pueblito, debido a que en su interior los internos construyeron ‘‘viviendas’’ que incluso comparten con sus familias, fue única en el país, hasta que en 2012 el gobierno federal implementó un operativo para terminar con el autogobierno que ejercían los presos de alta peligrosidad, en el que convivían internos, mujeres, niños y sexoservidoras en un espacio destinado inicialmente para 2 mil 300 reos, pero en el que la población superaba más de tres veces ese número.

Además de la venta de droga, el control de la prostitución y hasta un bar que se encontraba en esa prisión, los internos contaban con un centro de apuestas y un sinnúmero de tiendas de abarrotes y expendios de alimentos.

En un operativo implementado por la entonces Policía Federal Preventiva (PFP), apoyado por miembros del Ejército Mexicano, fueron trasladados los reos peligrosos del penal de La Mesa a otros reclusorios del país, y el resto de los internos fueron llevados a un inmueble alterno, ubicado a un lado de la antigua prisión. Ese fue el fin de El Pueblito.