Ayer se llevó a cabo la cuarta audiencia del conflicto entre el ejido La Sierrita y la empresa minera canadiense Excellon Resources Inc, con la cual se dio por terminada la etapa de conciliación, e inició al proceso legal de la demanda agraria, ya que la empresa se negó a llegar a un acuerdo negociado.

La empresa, que continuará en posesión de las mil 100 hectáreas propiedad del ejido hasta que el Tribunal Unitario Agrario no resuelva la demanda, sólo propuso a los campesinos comprar 10 hectáreas, donde se encuentran las reservas mineras, sin indicar el monto que pagarían por ellas.

De esta forma se agotó la posibilidad de resolver de manera conciliatoria el conflicto, originado por violaciones a los derechos de la tierra y bienes naturales de los ejidatarios por Excellon Resources, planteó la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDesc).

Sostuvo que en la audiencia del 9 de mayo pasado, los representantes de la empresa minera presentaron una propuesta al comisariado ejidal para devolver mil 90 hectáreas y comprar 10; sin embargo, los ejidatarios, encabezados por David Espinoza, refrendaron su posición, de que tierra no se vende y mantuvieron su decisión de recuperar sus tierras.

Piden devolución íntegra

El ejido indicó que espera la devolución íntegra de sus tierras en un plazo no mayor a 12 meses; solicitó el pago total de la renta anual y una indemnización como reparación de daños por violaciones al contrato de ocupación temporal de las más de mil hectáreas.

Sin embargo, en la audiencia de ayer Excellon rechazó una vez más la propuesta del ejido, manteniendo su intención de rentar 10 hectáreas, pero con la sugerencia de que un perito, el cual podría ser designado por el presidente magistrado del Tribunal Agrario del Distrito Sexto, Raúl Eduardo Covarrubias García, determine el monto de la renta, por medio de un evalúo.

La directora de ProDesc, Alejandra Ancheita, señaló que la minera una vez más utiliza todos los medios posibles para dilatar el proceso y desgastar a los ejidatarios, sin respetar sus derechos humanos. Sin embargo, confió en que las autoridades judiciales hagan un proceso justo.