on la presencia del jefe de Gobierno, de los presidentes del Tribunal Superior de Justicia y de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, el pasado lunes 24 el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) presentó a la sociedad su Informe anual 2012. A dicho acto acudieron también distintos titulares de organismos públicos locales de protección de los derechos humanos y funcionarios de varias entidades de la República, así como diplomáticos y representantes de organismos internacionales.

El informe tiene como propósito rendir cuentas de la gestión anual de la comisión y sus trabajos, mediante la exposición de casos relevantes y el análisis de la situación de los derechos humanos en esta capital. A pesar de que podemos decir que la ciudad de México se distingue por ser respetuosa e incluso innovadora en la salvaguardia de los derechos humanos, es evidente que aún falta mucho por hacer. El informe señala algunas cuestiones específicas en las que se debe poner especial atención. Entre ellas, su presidente resaltó la persistencia de violaciones estructurales en materia de procuración de justicia, los graves problemas del sistema penitenciario en el Distrito Federal, la continuidad de la tortura y el abuso policial; asímismo, la falta de respeto a los derechos ambientales, que se ve reflejada en la predación de los bosques, la falta de acceso al agua, la invasión de zonas protegidas y en problemas como la movilidad de la ciudad, el manejo y gestión de residuos, la explosión inmobiliaria y la obstaculización e incluso estigmatización de la participación ciudadana. Estos temas fueron explicitados claramente como motivos de preocupación y problemas actuales de violación en la ciudad. Cabe destacar que en ellos la CDHDF ha realizado pronunciamientos fundamentados y precisos, refiriendo problemáticas específicas que han derivado en críticas negativas, pero que a la postre han mostrado que le asistía la razón, al determinar la existencia de violaciones a los derechos humanos. Tal es el caso de la construcción de la supervía Poniente, hoy de nueva cuenta criticada por lo elevado de los costos de sus peajes, posicionamiento que a pesar de no haber sido aceptado en su totalidad por la anterior jefatura de Gobierno, posteriormente fue confirmado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al considerar que no se había respetado el derecho a la consulta.

Lo mismo sucedió en temas como el arraigo o la exhibición de presuntos culpables en los medios de comunicación, asuntos en los que la CDHDF se pronunció, los cuales posteriormente fueron abordados por autoridades federales y locales en el mismo sentido. Como pilares del funcionamiento del organismo se mencionaron en el informe, con acierto, la construcción de ciudadanía, la generación sinergias con las organizaciones civiles y el fortalecimiento de la propia institucionalidad. En relación con este último punto debe reiterarse que una institución de esa naturaleza requiere autonomía de gestión y presupuestaria para poder desempeñar adecuadamente su importante trabajo, con el fin de no ser objeto de presiones de las autoridades a quienes investiga. Y por lo que se refiere a la construcción de ciudadanía y a la generación de sinergias, son temas congruentes con lo que debería ser el objetivo último de los organismos públicos de protección de los derechos humanos. Esto es, no tener que existir, y que los gobiernos violadores de derechos humanos se enfrenten a una ciudadanía informada, activa y exigente, que los obligue a su respeto y cumplimiento, y a una legalidad conforme a su dignidad de personas.

En la parte final del informe, el ombudsman hizo notar la actitud positiva del actual gobierno capitalino, al aceptar las recomendaciones emitidas en temas tan delicados como aquel relacionado con los hechos del primero de diciembre de 2012 y la necesidad de promover entre sus funcionarios una cultura de respeto a los derechos humanos. Se abordaron por último temas como la reforma política del DF y la necesidad de que los derechos humanos sean el eje central de cualquier reforma, así como la urgente necesidad de implementar la reforma en materia penal, de acuerdo con los tiempos que marca la Constitución. Me parece igualmente destacable que en su discurso el jefe de Gobierno haya mandado un claro mensaje de respeto a los derechos humanos, señalando que ha indicado a su gabinete que se deben respetar las obligaciones que los servidores públicos tienen con aquéllos, así como atender las recomendaciones emitidas por la CDHDF. Sin duda alguna aún falta un gran camino por recorrer para poder hablar de una verdadera vigencia de los derechos humanos en la ciudad de México. Mientras tanto, creo que a pesar de sus errores –los ha tenido, como toda obra humana–, podemos seguir viendo de manera positiva el trabajo autónomo de la CDHDF, que a lo largo de su historia se ha destacado como organismo íntegro e independiente. Cuenta ya con un equipo experimentado y consolidado, ha adoptado un modelo de gestión orientado a la incidencia en la protección de los derechos humanos en las políticas públicas, ha profundizado y ha buscado ser más eficaz en la protección de los derechos sociales y ha creado incluso un Centro de Investigación Aplicada que no existía. Saludamos también la declaración de Luis González Plascencia, cuando afirma en el informe: Es importante que se restablezca lo público, que debe ser de nadie, para que sea de todos, lejos de intereses particularizantes.