ucho se ha dicho en torno a la prueba de Enlace, en una especie de linchamiento a un proyecto diseñado e instrumentado con el propósito de mejorar la calidad de la educación que reciben los niños y jóvenes de nuestro país, como un compromiso del Estado establecido por la Constitución. La desinformación generada en las últimas semanas con el propósito explícito de buscar su desaparición, utilizando ejemplos preparados, con dolo me parece inaceptable.
Así, en un editorial publicado en días pasados, se afirmaba que la prueba ha sido motivo de demandas, en las que se le adjudica carácter racista y denigratorio, en virtud de que señala los bajísimos niveles de desempeño logrado por los niños de alguna o algunas comunidades indígenas, haciéndolos ver como ignorantes, sin tomar en cuenta las precarias condiciones en que viven.
Se trata desde luego de una interpretación absurda de los resultados, porque, efectivamente, en 2012 los 441 municipios con los mayores índices de marginación de nuestro país (de acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Población) y casi todos ellos de población indígena, mostraban que el porcentaje de jóvenes con niveles de desempeño bajo (insuficientes más elementales) era de 71 por ciento, mientras en los municipios de baja marginación –casi todos ellos urbanos–, este índice era sólo de 44 por ciento, lo cual se debe, no a que se trate de jóvenes con deficiencias personales ni a la mala preparación de sus maestros, sino a los bajos niveles de atención que reciben y a los escasos recursos que son asignados para operar los programas educativos en esas regiones.
Esto se puede confirmar con facilidad en el hecho de que mientras los porcentajes de atención a los jóvenes en edad de estudiar el bachillerato es de sólo 36 por ciento en esos 441 municipios más marginados; en los menos marginados, el porcentaje de atención es 71.4, es decir, el doble. La inequidad no podría ser más clara, sobre todo porque nos habla de la magnitud de la desigualdad en la distribución de los recursos educativos entre las regiones y los diferentes grupos sociales, siendo Enlace el elemento que nos señala con claridad las consecuencias de esas políticas, indicándonos que existe un problema, sí ¡un gran problema!, confirmándonos con claridad lo que ya debiéramos saber: que en pleno siglo XXI, como nación seguimos tratando de una manera injusta a nuestra población indígena, negándole o limitándole, entre muchas otras cosas, el acceso a una educación de calidad, acorde a sus necesidades. Señalar esto con claridad no es denigratorio, sólo constituye una llamada de atención a la sociedad toda; la responsabilidad es de los pésimos gobiernos que administran mal los recursos nacionales, pero también es nuestra, en la medida que llevamos décadas consintiendo no sólo que esto suceda, sino que con ello, millones de niños y niñas carezcan de posibilidades para mejorar en el futuro.
Pero, ¿qué es la prueba de Enlace? Se trata de una pregunta importante que merece una respuesta seria, porque representa un gran esfuerzo de un grupo de educadores para responder a todos los mexicanos, las dudas que tengamos en cuanto a la calidad y pertinencia de la educación que reciben los niños y jóvenes en las escuelas y para indicarnos qué tanto estamos avanzando para ser más competitivos con nuestros productos y servicios en el mercado mundial.
Considero un error pensar que la evaluación de Enalace nos pueda decir cuál es el nivel general de conocimientos de un estudiante o de un grupo de alumnos porque la prueba no cubre todos los conocimientos que los niños debieran saber de acuerdo con los grados que hayan cursado y con lo que les ha sido enseñado, sino que es sólo un indicador de los niveles de desempeño que los estudiantes han adquirido en algunos aspectos considerados relevantes, reflejando con ello la calidad y efectividad de la educación que han recibido.
Hoy nos es claro que gracias a Enlace, hemos avanzado a nivel nacional en los últimos años, mas no lo suficiente, ni de manera homogénea, y asímismo nos indica que una buena parte de los gobiernos estatales y algunas autoridades federales no han cumplido con la responsabilidad de proporcionar educación de la mejor calidad a la población, ni han hecho nada por vigilar que la educación se realice en condiciones de equidad, atendiendo con cuidado a la población más vulnerable.
Este es hoy el problema real, ante el cual la respuesta de esos gobiernos a los riesgos de que sus omisiones se hagan evidentes, ha consistido en instrumentar estrategias para ocultar sus fallas. Una de estas estrategias ha consistido simplemente en encontrar formas para que las pruebas de Enlace no sean aplicadas en todas las escuelas bajo su responsabilidad, sino sólo en aquellas donde tienen seguridad de que los resultados serán positivos.
Otra estrategia, por cierto cada vez más empleada, es preparar a los estudiantes prioritariamente para la prueba, incluso a costa de las demás áreas disciplinarias de los planes de estudio, confundiendo los objetivos mismos de la prueba.
Sus posiciones extremas incluyen aparentemente la obtención de las respuestas correctas para distribuirlas a los estudiantes, lo cual es equivalente a la falsificación misma de los resultados.
La tercera opción ha sido la descalificación de la prueba misma, como instrumento que no sirve para nada, con la idea de generar rechazo social hacia ella, lo cual constituye una actitud francamente antisocial, orientada a fomentar el desconocimiento en torno a un proceso vital para el desarrollo de las nuevas generaciones y para el progreso y el bienestar del país. Es lamentable que la CNTE y con ella muchos maestros que debieran ser los primeros interesados en que a la educación se le preste la importancia que realmente tiene, se hayan sumado a esta campaña de desinformación con argumentos sin sustento real.
