ientras en muchos países las autoridades buscan proteger de la arbitrariedad a los ciudadanos y grupos sociales que denuncian a quienes cometen delitos contra el medio ambiente, en México se les persigue, se les amenaza con cárcel o indemnizaciones millonarias por calumniar, por afectar la fama pública de los presuntos delincuentes ecológicos, de los que ignoran las normas vigentes en la materia.

Hay dos ejemplos que ilustran lo anterior. El primero se refiere a la empresa Edivel SA de CV, que pretende lotificar un terreno de su propiedad en Coatepec, Veracruz, para construir 16 viviendas. Mide 6 mil 533 metros cuadrados. Mas ocurre que legalmente sólo puede construir dos viviendas, máximo de dos niveles cada una.

Contra esa pretensión protestaron los vecinos, tres de los cuales fueron denunciados ante el Ministerio Público por el representante legal de dicha empresa, Miguel Ángel García Marín. El delito: coacción. Y es que Xavier Isunza Méndez, Ernesto Isunza Vera e Iván Rísquez Valdepeña pidieron al ayuntamiento de Coatepec hacer uso de medidas de apremio para que la constructora realice las obras de mitigación que la autoridad ordenó en diciembre pasado; además alertaron por medio de mantas a los posibles compradores de los problemas que tendrían si adquirían los lotes. Finalmente, exigieron, sin éxito, a Edivel SA de CV no perjudicar las casas vecinas tal como lo hace ahora.

Por los datos que existen, el principal personaje en este negocio inmobiliario es el empresario David Velasco Chedraui, ex presidente municipal de Jalapa y actual candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a diputado local por dicha ciudad.

Precisamente en Jalapa también están demandados por difamación los integrantes del comité ciudadano que pide que el predio La Joyita, de 30 hectáreas de extensión, se conserve en bien de quienes habitan la capital de Veracruz. Su dueño es el empresario Justo Fernández. Como expusimos aquí el 20 de mayo pasado, Xalapa cuenta cada vez con menos áreas verdes y de reserva ecológica debido al avance incontenible de la mancha de asfalto. En La Joyita el empresario citado pretende construir una zona habitacional y comercial y dice contar para ello con los permisos ambientales necesarios, pero no con los del ayuntamiento. Agrega que el predio no es ningún bosque de niebla, como afirman los integrantes del comité, sino un potrero con maleza. Y que su proyecto es muy, muy hermoso para Jalapa. Se llamará Fraccionamiento La Loma.

Fernández sostiene que demandó a los integrantes del comité porque lo han denigrado y dicen mentiras. Me cansé, me han hecho ver como si fuera verdaderamente un talamontes o una cosa de éstas, lo cual nunca he sido; yo soy de las gentes que más árboles han sembrado en la zona; para eso pueden ir ustedes y la autoridad. Y denunció que en el fondo hay otros intereses que desean lotificar La Joyita, pues el anterior edil de Jalapa, David Velasco Chedraui, le pidió que le diera lotes para algunas personas.

¿Velasco Chedraui?, ¿el aspirante a diputado por el PRI?, ¿el presunto dueño de la empresa que demandó en Coatepec a quienes se oponen a su negocio inmobiliario porque viola las normas vigentes en la materia? ¿Por qué Justo Fernández no lo denunció por cohecho?

El comité ciudadano pide también aclarar lo del pedido de lotes por parte del ex edil y que sean las instancias competentes las que definan si La Joyita es un bosque mesófilo que merece expropiarse por los servicios ambientales que brinda a decenas de miles de personas.

En otras partes del país también se denuncia a quienes se oponen a negocios que afectan el medio ambiente o la calidad de vida de la gente. Como las mineras y las empresas trasnacionales con filiales en México interesadas en instalar parques eólicos. Los que protestan no son enemigos del progreso, de que se exploten los recursos naturales. Sino que se haga racionalmente, observando normas claras que eviten la depredación, el agotamiento de los recursos y la calidad de vida de la poblaciones involucradas. Comenzando por pagar lo correcto a quienes, como es el caso de las compañías generadoras de energía, ceden sus tierras para tal fin.