El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó el decreto 389 del estado de Yucatán, que faculta al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de esa entidad a erigirse en órgano de control constitucional. Por mayoría, los ministros avalaron el derecho del tribunal yucateco a suspender un procedimiento legislativo cuando los magistrados detecten vicios de inconstitucionalidad; además podrán notificar al Congreso local cuándo debe modificar un proyecto de ley que sea ilegal. Luego de discutir la acción de inconstitucionalidad presentada por la Procuraduría General de la República en contra del decreto aprobado por el Congreso local en marzo de 2011, el pleno avaló diversos artículos de la Constitución de Yucatán que permiten al tribunal actuar contra omisiones legislativas.