Brasilia, 2 de julio.

El gobierno de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, entregó hoy al Congreso un pedido de plebiscito para promover una reforma política, en respuesta a las protestas callejeras de las últimas semanas, que exigen mejores servicios públicos, combate a la corrupción y contra las malas prácticas de los sectores políticos.

El ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, y el vicepresidente, Michel Temer, entregaron al Parlamento el pedido de la mandataria, que propone consultar a la población sobre cinco temas. Rousseff busca que el plebiscito y la reforma política sean realizados antes de octubre, un año antes de las elecciones generales de octubre de 2014.

La solicitud se refiere a nuevas reglas de financiación de campañas electorales, un sistema de votación para elegir diputados que los acerque más a los designios del elector, fin de la suplencia de senadores, definir si se pone fin al voto secreto en el Congreso sobre temas como juicio político a sus integrantes, y si se mantienen o no las coaliciones de partidos en elecciones.

El líder del Congreso, Renán Calheiros, informó que trabajará para que los eventuales cambios resultantes del plebiscito sean aplicables en las elecciones de 2014. No obstante, destacó que dependerá de los legisladores.

Además del plebiscito para una reforma que acabe con los males de la política, Rousseff propuso la semana pasada un pacto con gobernadores y alcaldes para mejorar la calidad de la salud, la educación y el transporte públicos, y desde entonces las protestas han perdido intensidad.

Pero sectores de la oposición y medios de prensa han expresado su rechazo al plebiscito y, en todo caso, hablan de otros plazos.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) necesita un mínimo de 70 días para organizar un plebiscito, informó una portavoz del ente judicial. Si el Congreso lo convocara inmediatamente, el plebiscito podría ser el 8 de septiembre.

En tanto, cientos de personas se manifestaron en el complejo de favelas de Mare, al norte de Río de Janeiro, durante un homenaje a las víctimas de enfrentamientos con las fuerzas del orden de la semana pasada que dejaron 10 muertos y nueve heridos.

También en Río de Janeiro, la policía brasileña desalojó un campamento de jóvenes que protestaban contra los malos servicios públicos y la corrupción, frente al edificio donde vive el gobernador del estado de Rio de Janeiro, Sergio Cabral.

En otro frente para la presidenta Rousseff, camioneros bloqueaban este martes carreteras en al menos cinco estados de Brasil, en reclamo de la eliminación de peajes y por subsidios al combustible diésel. El gobierno advirtió que tomará medidas para impedir los cierres de carreteras.

Legislador retira proyecto sobre cura gay

Joao Campos, el legislador que elaboró un proyecto de ley que permitiría que los siquiatras trataran la homosexualidad como enfermedad, pidió retirar la propuesta, según un sitio en Internet del Congreso.

El proyecto apuntaba a revocar la prohibición que la Asociación Brasileña de Siquiatría impuso al tratamiento de la homosexualidad como enfermedad o desorden mental.

La oposición al proyecto de cura gay es uno de los principales temas adoptados por los participantes de las protestas callejeras en todo el país que comenzaron en junio por servicios públicos deficientes y la corrupción en el gobierno.