En la recta final rumbo a las elecciones del próximo domingo 7 de julio, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) informó que ha presentado cuando menos 110 denuncias por presuntos delitos electorales. Asimismo, interpuso una querella ante la Procuradudía General de la República (PGR) contra el panista Juan Manuel Oliva, ex gobernador de Guanajuato, por presuntos actos de corrupción que dejaron un daño patrimonial de unos mil millones de pesos.

Las denuncias contra Oliva están relacionadas con la inversión y operación del parque Expo Bicentenario, la compra de terrenos para los derechos de vía del Tren Interurbano y la adquisición de más de 900 hectáreas para la fallida construcción de una refinería de Pemex.

Por su parte, la secretaria de Asuntos Jurídicos del tricolor, Martha Tamayo, informó que el número de denuncias de su partido sólo es parcial debido a que son los candidatos y las dirigencias estatales los que las presentan ante las autoridades electorales locales y no siempre informan de ello a la dirigencia nacional.

Además, ante este cúmulo de señalamientos, el presidente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, ha reconocido que el reciente agregado del Pacto por México ha sido ‘‘insuficiente’’ para impedir la intervención de diversos funcionarios públicos en las elecciones.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Asuntos Jurídicos priísta, Baja California es la entidad donde el tricolor presentó el mayor número de denuncias con 42, seguido por Puebla (23), Quintana Roo (19), Oaxaca (14) y Veracruz (12), según el más reciente reporte.

En tanto, la denuncia en contra del ex gobernador Oliva fue presentada por el dirigente estatal el PRI en Guanajuato, Francisco Javier Contreras. En la sede nacional del partido informó que la querella formal ya fue interpuesta por la dirigencia estatal del partido y su bancada en el Congreso local, ante la delegación de la PGR en la entidad, misma que fue acompañada con pruebas documentales.

Dijo que los ilícitos electorales que podrían tipificarse son: abuso de autoridad, ejercicio indebido de la función pública, peculado, cohecho y enriquecimiento ilícito.

Además, advirtió, el gobierno estatal ordenó que la información vinculada con los casos mencionados fuera reservada por 10, 12 y hasta 20 años, en contra de toda la normatividad existente en materia de transparencia.