Luego de más de 70 días de arraigo, y un año y 19 días de encarcelamiento, los generales Ricardo Escorcia, Roberto Dawe y Rubén Pérez Ramírez, así como el teniente coronel Silvio Isidro Hernández Soto, recuperaron su libertad tras ser exonerados de las acusaciones de delincuencia organizada e ilícitos contra la salud, que la Procuraduría General de la República (PGR) les formuló durante la gestión de Marisela Morales.

El mayor Iván Reyna Muñoz también quedó sin cargos de tener vínculos con integrantes o líderes del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, pero no fue excarcelado porque enfrenta un juicio por extorsión en el estado de Querétaro, y no tiene derecho a enfrentar su proceso en libertad bajo fianza.

Hasta el cierre de esta edición, los cuatro militares cumplían los últimos requisitos para abandonar el Centro Federal de Readaptación Social número uno, Altiplano, también conocido como Almoloya.

Ayer, a las 18:15 horas, Rodrigo Archundia, encargado de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), a nombre del procurador Jesús Murillo Karam entregó al juez la ratificación de las conclusiones no inculpatorias, para que todos los militares que fueron detenidos dentro de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010 quedaran en libertad, porque los testimonios en los que se sustentó la acusación no fueron corroborados y los testigos protegidos que los inculpaban también mintieron en otros juicios.

La integración de la averiguación respectiva había estado a cargo del ex titular de la Seido, José Cuitláhuac Salinas, y del coronel Abigail Vargas, quien actuó en calidad de Ministerio Público Federal por órdenes de Marisela Morales.

En esta investigación también fue señalado como presunto responsable de proteger las operaciones del cártel Beltrán Leyva el ex subsecretario de la Defensa Nacional Tomás Ángeles Dauahare, quien fue el primero en obtener su libertad en abril pasado.

Desde que se conoció públicamente la investigación, surgieron versiones en círculos militares y políticos sobre que la detención de los militares, y principalmente del general Ángeles Dauahare, se debió a razones políticas para impedir que éste fuera designado titular de Sedena por Enrique Peña Nieto.

Las especies que circularon en instituciones como la PGR y la Sedena, mencionaban que Ángeles Dauahare no debía interponerse a los deseos del entonces secretario Guillermo Galván Galván para que su sucesor fuera un integrante de su grupo, como el general Carlos Demetrio Gaytán Ochoa.

Así, días después de que el ex subsecretario había criticado la política de Felipe Calderón contra las drogas y de combate a los grupos criminales, durante un foro organizado por la Fundación Colosio, comenzaron las detenciones. Entre los días 15 y 18 de mayo de 2012 fueron detenidos los seis militares; a Iván Reyna Muñoz le notificaron su aprehensión en un penal en Querétaro. Los testigos protegidos, uno identificado con el nombre clave de Jennifer (un abogado que servía al cártel de Los Zetas), otro con nombre clave de Pitufo (José Salvador Puga Quintanilla), y Mateo (Sergio Barragán Villarreal, un operador de los Beltrán Leyva), declararon hechos y supuestas reuniones entre narcotraficantes y militares, pero nunca se acreditaron sus acusaciones.

Por esa razón, ayer se ordenó la libertad de los tres generales y el teniente coronel, quienes estuvieron presos en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número uno (Altiplano o Almoloya).

Antes de ser detenido el general Dawe se desempeñaba como jefe de la 20 Zona Militar, con sede en Colima; a su vez, el general Ricardo Escorcia Vargas se encontraba en retiro; entre otros cargos se había desempeñado como jefe de la 24 Zona Militar en Cuernavaca, Morelos, y jefe del Estado Mayor de la tercera Región Militar, con sede en Mazatlán, Sinaloa.

Por su parte, el general Rubén Pérez Ramírez era jefe de la zona militar con sede en la ciudad de Toluca, estado de México, y el teniente coronel Hernández Soto tenía diez años de haber solicitado su baja; en 2008 fue director de la policía ministerial de Sinaloa, y en 2011 titular de la Agencia Veracruzana de Investigación. El mayor Reyna Muñoz se desempeñó como subjefe del Estado Mayor del la 24 Zona Militar con sede en Cuernavaca, en 2003.