Fracasó el programa de testigos protegidos que mantuvo Marisela Morales Ibáñez como titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo, actualmente Seido) y como procuradora general de la República. El número de integrantes de organizaciones criminales que se mantienen como beneficiarios de protección federal disminuyó de 90 a 42 personas, porque la mayoría no aportó ningún dato para consolidar investigaciones o proporcionó declaraciones falsas, revelaron colaboradores del procurador Jesús Murillo Karam.

En la administración pasada, en el programa se mantuvo a personas que también servían como testigos protegidos de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), como es el caso del abogado Roberto López Nájera, con nombre clave Jennifer, testigo protegido cuyos testimonios fueron utilizados para detener y procesar a seis altos mandos militares, entre ellos cuatro generales que fueron absueltos y liberados en días pasados.

El procurador Murillo Karam ordenó que cesaran los beneficios económicos y de vivienda para esos testigos protegidos y sus familias; el pago de colegiaturas y de escolta de aquellos declarantes que fueron sacados del programa y, en algunos casos, se podrían reactivar las averiguaciones previas iniciadas en su contra, señalaron los colaboradores del titular de la PGR.

Desde el pasado 22 de febrero, La Jornada dio a conocer que la PGR –ya bajo el mando de Murillo Karam– había suspendido los pagos a testigos protegidos y revisaba los expedientes de cada uno de ellos para conocer la efectividad de sus declaraciones en las averiguaciones previas y procesos penales que se hubieran iniciado con base en sus señalamientos. Los pagos que cada uno de los testigos recibió durante la gestión de Marisela Morales fueron de entre 50 mil a 150 mil pesos mensuales, más beneficios para sus familias que contemplaban desde cambio de residencia hasta pago de colegiaturas y seguridad.

Entre 2000 y 2012, la Procuraduría General de la República pagó más de 175 millones de pesos a los integrantes del programa de testigos protegidos como si se tratara de salarios. Además, la dependencia federal inició en el estado de Morelos los trabajos de construcción de un centro de protección donde concentraría a todos los integrantes del programa, pero nunca se dio a conocer el monto de la obra ni su ubicación exacta por temor a un ataque de grupos criminales.

De acuerdo con la información recabada, funcionarios que colaboran directamente con el procurador Murillo Karam se encargaron de revisar los expedientes y establecer la funcionalidad de cada uno de los testigos protegidos, quienes en algunos casos llevaban más de nueve años cobrando sin que sus declaraciones hubieran servido para llevar a algún miembro del crimen organizado ante un juez.

Los entrevistados revelaron también que en ocasiones encontraron constancias de que estos declarantes habían sido sometidos –durante la gestión de Morales Ibáñez– a pruebas poligráficas y las habían acreditado, aunque, como en el caso de Jennifer, los jueces federales los han considerado mentirosos.

Los funcionarios consultados por La Jornada refirieron que los integrantes del programa de testigos protegidos deberán acreditar sus dichos y proporcionar pruebas de sus imputaciones, y ya no se aceptarán bajo el argumento de que escucharon a otros decir o acusar a otras personas.