Tres días antes de que concluyera la gestión de Felipe Calderón (27 de noviembre de 2012) la Procuraduría General de la República (PGR) recibió equipos de espionaje telefónico a los que no se les hizo prueba alguna de operatividad, a pesar de que en ellos se gastaron más de 200 millones de pesos.

Además, la dependencia adquirió equipo táctico y uniformes de la Policía Federal con sobreprecios que oscilaron entre 35 y 45 por ciento, revelaron funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional.

Durante el último año de su gestión, Marisela Morales Ibáñez asignó contratos directos a empresas seleccionadas por la Presidencia de la República y, según las fuentes, algunos de estos acuerdos se encuentran bajo investigación en el órgano interno de control (OIC).

El equipo de espionaje adquirido incluyó un geolocalizador y el programa Finfisher/Finspy, que puede obtener los mensajes y grabar las conversaciones de teléfonos inteligentes, primordialmente Blackberry. Los contratos se firmaron bajo la fracción cuarta del artículo 41 de la Ley de la Administración Pública Federal.

Según las fuentes consultadas, los recursos con los cuales se pagaron estos contratos se etiquetaron bajo el concepto de ‘‘seguridad nacional’’, lo que impide que la información se revele mediante la ley de transparencia.

De acuerdo con los funcionarios entrevistados, de esa manera se adquirieron todos los uniformes y aditamentos de trabajo de la Policía Federal Ministerial, además de equipo de investigación y espionaje.

La compra, realizada con sobreprecio, tuvo impacto en la adquisición de vehículos conocidos como BAT (blindados), que son utilizados para el traslado de reos o detenidos peligrosos, y que tienen un peso de 16 toneladas.

La Policía Federal Ministerial adjudicó un contrato por más de 350 millones de pesos (de ellos, 200 millones fueron entregados por el gobierno de Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida) para la compra de unidades blindadas y equipo de inteligencia.

Las fuentes explicaron que la justificación de los contratos se hizo con base en la persecución de delitos de alto impacto, como son secuestros, tráfico de drogas y precursores químicos, que ponían en riesgo la seguridad interior del país.

Como los contratos fueron pagados con recursos asignados como partida de ‘‘seguridad nacional’’, no podrán fincarse responsabilidades contra los signatarios de los acuerdos comerciales, advirtieron los funcionarios entrevistados. En ese cotexto se firmó el contrato PGR/AD/CN/SERV/204/2012, con la empresa Obses de México, la cual vendió los equipos de rastreo y espionaje telefónico a la PGR.

Otro ejemplo es la renta de aviones entre agosto y diciembre de 2012, debido a la supensión de actividades de la Dirección General de Servicios Aéreos de la PGR, que tuvo un costo superior a los 4 millones de dólares.