En el estado de Jalisco se vive desde hace varios años una situación de constante ataque a las garantías básicas de los ciudadanos debido, entre otros elementos, a los feminicidios, las desapariciones forzadas, la existencia de diversos megaproyectos que buscan depredar las tierras de las comunidades y las reiteradas agresiones en contra de comunicadores.

Así lo advirtió el informe 2012 sobre la situación de los derechos humanos en el estado de Jalisco elaborado por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), cuyo director, César Pérez Verónica, lamentó que las violaciones a las garantías individuales en la entidad incluso empeoraron en comparación con 2011.

En el documento, que consta de 116 páginas, la organización civil hizo un recuento de algunos de los principales ataques a los derechos humanos que han tenido lugar en Jalisco, entre ellos la existencia de 2 mil 270 casos de desaparición forzada ocurridos durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, según información de la Procuraduría General de Justicia estatal, pero cuyos datos no se han hecho públicos.

Además, alertó que en 2012 hubo registros de 147 homicidios dolosos de mujeres, con las características propias de los feminicidios, lo que significa el índice más alto de dicho crimen desde el año 1997, aunado a la impunidad casi total para los perpetradores.

De igual manera, el informe del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo indicó que en 2012 solamente se hicieron públicos dos casos de agravio contra periodistas de la entidad jalisciense –entre ellos Darío Pereira, reportero de La Jornada Jalisco–, pero se piensa que el número de comunicadores atacados es mucho mayor.

‘‘Despojos’’ de empresas públicas y privadas a varias comunidades

En la misma línea, el documento señaló que el año pasado continuaron los intentos de despojo cometidos por varias empresas privadas y públicas en contra de comunidades para hacerse de su territorio y recursos naturales, como lo demuestran los casos de la playa Careyitos, en el municipio de La Huerta, y de la presa hidroeléctrica El Zapotillo, proyecto que perjudicaría a los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

“Cuando elaboramos este informe pensamos que en 2011 ya se había llegado a cierto límite en cuanto a violaciones de derechos humanos, pero cuando analizamos las cifras crudas del año 2012, nos dimos cuenta de que se había superado con mucho lo que pasó el año anterior’’, lamentó Pérez Verónica, director del Cepad.

Para el activista, ‘‘el balance es muy preocupante y creo que ya estamos en una situación de emergencia. Ya llegamos a un punto de quiebre y mientras no se investiguen los abusos de manera imparcial, la situación va a seguir empeorando y las personas seguirán estando en la indefensión”.

Comentó que a pesar del cambio de partido político en el gobierno de Jalisco, no ha habido ninguna diferencia entre la administración anterior, encabezada por el panista de Emilio González Márquez, y la actual del priísta Jorge Aristóteles Sandoval.

‘‘Dejaron a los mismos operadores de justicia en los espacios que ya tenían. Quienes recibían las denuncias de abusos contra menores de edad siguen ahí, lo mismo que los que atienden los casos de desaparecidos. No nos parece que vaya a haber ninguna mejoría’’, deploró.