Miércoles 10 de julio de 2013, p. 8
Chihuahua, Chih.,9 de julio.
El estado de Chihuahua tiene el primer lugar en agresiones a defensores de derechos humanos y activistas sociales en todo el país, con nueve casos denunciados en un lapso de tres años, dio a conocer Javier Hernández Valencia, quien presentó un informe del representante de la alta comisionada de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos en México.
Dijo que en Chihuahua, y en el resto de la República Mexicana, los defensores de derechos son más vulnerables a sufrir algún tipo de agresión por la labor que realizan día con día en la sociedad, y en la mayoría de los casos las agresiones son perpetradas por servidores públicos, así como grupos ligados al crimen organizado.
Añadió que de 2010 a 2012 se denunciaron en todo México 89 casos de agresión a defensores de los derechos humanos, a las organizaciones a las que pertenecen, así como a familiares de víctimas que han representado por alguna causa social. Señaló que en orden por grado de inseguridad están los estados de Chihuahua, Guerrero, Coahuila, Oaxaca, Guerrero y el Distrito Federal.
Según Hernández Valencia, los ataques más comunes son las amenazas, con 38 por ciento de los incidentes, seguido por injerencias (13), detención arbitraria y privación de la vida, cada uno con 11 por ciento. Acotó que los atentados representan 6 por ciento de los casos y la desaparición forzada 2 por ciento.
Otorga EU asilo político a un ciudadano juarense
Por otra parte, se informó en Ciudad Juárez que un juez migratorio de El Paso, Texas, otorgó asilo político a Christian Cháidez Araujo, exiliado de esta ciudad y quien había denunciado que presuntos pistoleros asesinaron entre 2009 y 2012 a 11 de sus familiares, quienes se negaron a pagar la cuota de extorsión que exigía el crimen organizado.
El abogado especializado en asilo político Carlos Spector dijo en conferencia de prensa que el otorgamiento de asilo a víctimas mexicanas de extorsión es ‘‘poco común’’ en Estados Unidos debido a que es considerada una simple actividad criminal no cubierta bajo la definición tradicional de lo que sufre un refugiado.
El jurista expresó que la decisión del juez migratorio fue dada a conocer el pasado 26 de junio, cuatro años después de que fue asesinado el primero de los familiares de Cháidez Araujo, identificado como Santiago Palacios, de 24 años de edad.
Agregó que la decisión de asilar al ciudadano juarense se tomó al considerar al gobierno mexicano ‘‘incapaz o no dispuesto’’ a proteger a Cháidez de mayores amenazas.
(Rubén Villalpando, corresponsal)