l regreso del priísmo al gobierno federal ha provocado que discusiones importantes que se habían abandonado recuperen su pertinencia. De nuevo, como se ha hecho ya varias veces en nuestro recorrido histórico, y como han hecho también en múltiples ocasiones en otras latitudes y en diferentes épocas, hemos regresado a debatir el papel del Estado en la conducción del funcionamiento económico. El debate no ha sido, ni lo será, solamente académico. Se trata de un debate esencialmente político, en el que se requiere determinar la necesidad de un proyecto nacional definido por quienes representan al Estado y, por supuesto, garantizar la conducción gubernamental de ese proyecto.
El priísmo peñista, contradictoriamente, ha impulsado en diferentes ámbitos económicos una redefinición de los límites entre los sectores público y el privado. En la reforma a las telecomunicaciones se impuso que el Estado tuviera mayores responsabilidades, al tiempo que se reducían espacios controlados por estructuras duopólicas y cuasi monopólicas. En contraste, en la iniciativa de reforma financiera con el propósito de ampliar el crédito y abaratarlo, se acepta que las entidades gubernamentales carezcan de protagonismo, pese a la necesidad de corregir una falla del mercado bancario, con fuertes implicaciones en términos de inclusión social.
En materia petrolera el planteo del priísmo gobernante es claramente privatista. Pese a los esfuerzos por ocultarlo, es claro que la propuesta presidencial se propondrá abrir espacios hasta ahora reservados a Pemex a la participación de empresas privadas nacionales y extranjeras. Consecuentemente se trata de que el sector privado aumente su participación reduciendo la del Estado. Así las cosas, las definiciones peñistas no dan cuenta de una clara redefinición de los límites entre el Estado y el mercado. No obedecen a un proyecto nacional en el que le corresponda al Estado un papel protagónico. Son, en realidad, ajustes provocados por un funcionamiento ineficiente que ha provocado que nuestra dinámica económica sea mediocre.
Sin embargo, estos ajustes planteados por el priísmo peñista han abierto las compuertas de un debate que podría desbordar los límites que sus diseñadores han establecido. En este sentido son útiles las aportaciones académicas que permitan abrir perspectivas a partir de comparaciones internacionales que ofrezcan la posibilidad de evaluar diversos acomodos políticos posibles en la época de la globalidad. Aportaciones analíticas que documentan que la idea de que la inserción a la globalidad sólo podía hacerse de una manera, como sostuvieron los diseñadores políticos del priísmo neoliberal y sus continuadores panistas, no tiene sustento.
Muchos de los formuladores del modelo económico neoliberal se dieron márgenes de maniobra. Un buen ejemplo es el Sistema de la Reserva Federal estadunidense. Aunque es un ente autónomo, esto no se entendió como la capacidad para decidir por sí mismo sus metas, sino como la capacidad de cumplir metas planteadas coordinadamente con el gobierno de la manera que consideraran conveniente. Además, nunca aceptó constreñir su actuación al logro de la estabilidad de precios. Mantuvo su mandato dual: la menor inflación alcanzable, compatible con el menor desempleo posible. En tiempos de bonanza este mandato dual ha sido importante, pero lo ha sido más en tiempos de crisis como los actuales.
La vida política nacional sigue llena de atrocidades electorales, que poco tienen que ver con la consolidación democrática. Sin embargo, la permanencia de opciones políticas e ideológicas diferentes permite confrontar plataformas en las que se plantean visiones discrepantes del papel del Estado en estos tiempos críticos. Discrepancias expresadas en valoraciones distintas del resultado de haber reducido drásticamente las capacidades de intervención estatal en la conducción del desarrollo nacional.
El debate sobre la necesidad de un proyecto nacional que se imponga al mercado abre la oportunidad de replantear los viejos anhelos de inclusión social expresados en la Revolución de 1910. Abre la puerta para retornar a la idea de la justicia social como responsabilidad fundamental del Estado mexicano.
