onsiderados en su país pulcros, respetuosos de la ley y defensores de los derechos humanos, los consorcios mineros canadienses llegaron a México para proceder exactamente en sentido contrario. Lo que ni por aproximación hacen allá lo vienen a hacer aquí y cometen todo tipo de excesos y tropelías ante la complacencia del gobierno federal, el encargado de concesionar la República. El país ya tenía más que suficiente con los rapaces grupos mineros mexicanos, pero llegaron los de la bandera con hoja de maple y algunos más.

Como bien apunta la Rayuela de ayer (los conocíamos como depredadores de la riqueza minera mexicana, pero no tanto como contratistas de sicarios para asesinar trabajadores...), las trasnacionales mineras canadienses arribaron a México no sólo para apropiarse de la riqueza nacional –con la venia gubernamental–, sino para atentar en contra de todo aquel que ose reclamarles sus políticas depredadoras.

En unos cuantos años el oro mexicano pasó a ser propiedad de los grupos canadienses: oficialmente, 72 por ciento de las empresas foráneas que cuentan con concesiones mineras del gobierno federal y se dedican a la extracción de tan preciado metal es de la citada procedencia. Son 207 de 287 en total, de acuerdo con la información de la Dirección General de Desarrollo Minero (Empresas con proyectos mineros en México; mayo de 2013). Quince por ciento adicional (43 de 287) son estadunidenses y el resto se reparte entre corporativos británicos, australianos, indios, chinos, japoneses, peruanos, coreanos, chilenos, belgas, italianos, brasileños y luxemburgueses.

Son conocidos –por la denuncia y la movilización ciudadanas, no por otra cosa– los excesos laborales, las violaciones a la ley y los daños ecológicos cometidos y causados por los consorcios mineros –de todas las nacionalidades– a lo largo y ancho de la geografía nacional, pero en este renglón el gobierno mexicano nunca fue más sordo y más ciego que en los dos sexenios panistas (otros simplemente le llaman complicidad y corrupción), cuando los empresarios del ramo se sirvieron con la cuchara más grande que encontraron, y miren que es grande. Allí están Germán Larrea (el de Pasta de Conchos), Alberto Bailleres y Alonso Ancira, por sólo dar unos ejemplos nacionales, y Goldcorp, New Gold, Fortuna Silver Mines, Blackfire Exploration y Minefinder, en el caso de las extranjeras.

Todo tipo de excesos que lejos de corregirse van en aumento, ante la pasividad del gobierno federal. Ahora algunas de ellas son acusadas de conducta criminal por contratar sicarios para amenazar e incluso matar a activistas que se oponen a proyectos que dañan a las comunidades, de acuerdo con la denuncia presentada en el Senado de la República por la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema).

La información es la siguiente, y se publicó en La Jornada bajo la firma de Andrea Becerril: “integrantes de la Rema denunciaron en el Senado la ‘conducta criminal’ de las empresas canadienses que operan en México, las que llegan a contratar sicarios para amenazar e incluso matar a activistas que se oponen a proyectos que afectan a sus comunidades. Documentaron una decena de casos en los que están involucradas compañías mineras de Canadá –Fortuna Silver Mines, Blackfire Exploration y Minefinder–, entre ellos los asesinatos de Bernardo Vázquez y Bernardo Méndez, perpetrados en marzo pasado, en San José del Progreso, Oaxaca.

“Fueron crímenes alentados por personal de Fortuna Silver Mines, con la complicidad de autoridades municipales, detalló Alejandro Villamar, representante de la Rema. Por su parte, la senadora Iris Vianey Mendoza informó que el 3 de julio envió una carta al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la que le reitera la demanda de que se expulse del país a dos directivos de la empresa Esperanza Silver de México, que incluso han violado la Constitución al encabezar movilizaciones para exigir que se les permita operar en Morelos, pese a que la Secretaría del Medio Ambiente les negó el permiso de operación.

“La legisladora pidió al titular de Gobernación que cite a la embajadora de Canadá en México para solicitarle una explicación sobre la conducta violatoria del marco legal mexicano de los ejecutivos de Esperanza Silver, quienes han provocado un enfrentamiento en la comunidad indígena de Tetlama, ubicada en el municipio de Temixco, Morelos. En regiones enteras del país, las mineras canadienses ‘están dejando una estela de contaminación, muerte y desolación’”, aunque no sólo ellas: allí están los corporativos mexicanos.

La información de Andrea Becerril detalla que “Villamar expuso que desde 2008 han denunciado las agresiones de las mineras extranjeras ‘abrumadoramente canadienses’ contra defensores de derechos humanos y contra habitantes de los sitios en que están las concesiones que explotan. En agosto de 2009 la Rema presentó una denuncia en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya que ‘sicarios de TeckCominko’ dispararon con balas de alto calibre e hirieron a Eligio Rebolledo Salinas, ejidatario de El Limón, en Cocula, Guerrero, quien quedó inválido: ‘Sus hermanos Víctor, Miguel y Modesto Rebolledo Salinas fueron secuestrados por un comando en el poblado La Fundición. Agresiones y amenazas previas de muerte fueron hechas a Evelia Bahena, quien se vio obligada a emigrar para salvar la vida.

“Tres meses más tarde, ‘en noviembre de 2009, denunciamos primero la detención arbitraria y luego el posterior asesinato de Mariano Abarca Roblero a manos de sicarios enviados por Blackfire Exploration. La lucha nacional exigiendo justicia y la solidaridad internacional de organizaciones civiles canadienses ha permitido demostrar de manera documental la participación de la minera, y mediante su denuncia internacional llevarla ante la Real Policía Montada de Canadá’”.

El 23 de octubre de 2012, “‘fueron asesinados Ismael Solorio y Manuela Martha Solís, de El Barzón, de Chihuahua, quienes encabezaban la lucha contra la invasión ilegal de tierra que lleva a cabo MagSilver y su subsidiaria mexicana, Cascabel’. Mencionó la desaparición de Celedonio Monroy Prudencio, indígena de Ayotitlán, Jalisco, y las amenazas de muerte contra Gaudencio Mancilla, de esa misma comunidad. Villamar recalcó que la impunidad de las empresas canadienses ha propiciado que compañías chinas y estadunidenses utilicen sicarios en contra de activistas comunitarios. Puso de ejemplo Michoacán, donde la PGR encontró relaciones de La Familia con empresas chinas para abastecerlas de mineral obtenido ilegalmente’”.

Las rebanadas del pastel

¿Qué tal? ¿Esa es la renta que deja la moderna minería en México?

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