Apenas hicieron pública ayer la mayoría de los senadores del PAN –afines a Ernesto Cordero– y toda la bancada del PRD su propuesta de reforma político- electoral, comenzó la polémica.

El coordinador de los senadores panistas, Jorge Luis Preciado, aclaró que no respalda esa iniciativa, sino la que se prepara en la materia al interior del Pacto por México.

A su vez, Roberto Gil Zuarth y el coordinador perredista, Miguel Barbosa, precisaron que no pretenden rivalizar con las dirigencias de sus partidos, sino poner a consideración una reforma integral que modernice el régimen político y corrija usos y abusos del sistema electoral.

La propuesta, que tiene el aval de 24 senadores panistas y los 22 del PRD, incluye modificaciones constitucionales, cambios en el ámbito penal y la creación de tres nuevas leyes para avanzar en México hacia un régimen político semiparlamentario, en el que el Congreso acota el poder presidencial.

El paquete legislativo fue presentado por Cordero y Barbosa, conjuntamente con Gil Zuarth y Manuel Camacho Solís. En él se propone crear la figura de jefe de gabinete, que asumirá la interlocución con las fuerzas políticas y con el Poder Legislativo. Asimismo, la introducción de sesiones de control gubernamental y la moción de censura, por la que el Congreso podrá remover a todos los integrantes del equipo presidencial.

Asimismo, se elimina el fuero de todos los funcionarios, incluyendo el del Presidente de la República. La reforma establece la segunda vuelta en elecciones presidenciales y la relección de diputados y senadores.

Plantea además convertir a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en órganos autónomos, así como dotar al Senado de facultades para remover a los integrantes de los consejos estatales electorales que no cumplan con los principios de objetividad, imparcialidad e independencia.

También se faculta al Congreso de la Unión para expedir el ‘‘sistema nacional de carrera del funcionariado electoral’’ y para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, la estrategia nacional de seguridad y los tratados internacionales.

Se endurecen las penas para la contratación encubierta de espacios de propaganda política que busquen posicionar a servidores públicos o candidatos, y se sanciona penalmente rebasar los topes de campaña y el llamado ‘‘turismo electoral’’.

Preciado, por su parte, sostuvo que es un proyecto más que se sumará a las cerca de 50 iniciativas que hay en el Congreso en torno a la reforma política. De todas ellas se hará un solo documento, dijo el coordinador del PAN.

A su vez, el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón, advirtió que revisará con atención la iniciativa, ya que propone cambiar el régimen presidencial, lo que implica cambios a la Carta Magna, mismos que requieren de mayoría calificada. De entrada, se mostró en contra de que el Senado tenga facultades para remover consejos locales del IFE.

‘‘El Senado no tiene nada que ver en materia electoral. Tenemos que estar atentos y respetuosos a las instituciones que hemos creado’’, dijo el legislador yucateco. Igualmente, se manifestó en contra de dar autonomía a la PGR y a la Fepade.

Barbosa resaltó que el propósito es democratizar el régimen político y la rendición de cuentas, y dejó en claro que no aceptarán una reforma política ‘‘achicada’’.

Cordero, en tanto, detalló que presentarán la reforma el próximo miércoles ante la Comisión Permanente, pero antes la entregarán a los coordinadores de PAN, PT y PVEM en el Senado. Incluso, dijo el ex secretario de Hacienda, harán llegar la propuesta al presidente Peña Nieto.