Las futuras deudas públicas de estados y municipios serán acotadas por la Cámara de Diputados y sus contratación deberá tener el aval de la Secretaría de Hacienda, que para tal efecto presentará un programa anual de garantías en la misma fecha en que presente los proyectos de miscelánea fiscal y Presupuesto de Egresos de la Federación 2014. También se borró de la minuta enviada por el Senado la obligación del gobierno federal de mantener el déficit cero en las finanzas públicas.

La aprobación del decreto con reformas en materia de empréstitos para estados y municipios, incluso transcurrió durante un apagón en el salón de sesiones del Palacio Legislativo. El presidente de la mesa directiva, Francisco Arroyo Vieyra, ironizó con el suceso: y espero que nadie sugiera que estamos trabajando en lo oscurito. La energía se restableció cinco minutos después.

Los representantes de todos los partidos determinaron incluir en el dictamen una adhesión al artículo noveno transitorio: el Ejecutivo federal, conforme a la ley, propondrá un programa anual de garantías, el cual deberá ser aprobado por el Congreso de la Unión.

En el caso del déficit cero, previsto en el artículo 25 de la Constitución, la minuta pretendía que el Estado velara por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero, y procurara el equilibrio presupuestario frente a los vaivenes de la economía nacional e internacional. Tal propuesta se consideró una aberración, porque de aceptarse impediría el crecimiento en aras de un equilibrio que restaría fuerza a las actividades económicas en el país.

También se suprimió del artículo 116 la palabra federales, porque invadía facultades de los órganos estatales de fiscalización, ya que corresponde a éstos supervisar las acciones de estados y municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública, no así de los recursos federales. Además, se excluyó del artículo séptimo transitorio el siguiente párrafo: para tal efecto, la Auditoría Superior de la Federación verificará el destino y aplicación de los recursos en los que se hubiera establecido como garantía recursos de origen federal.

Al respecto, Lilia Aguilar, del PT, dijo que a pesar de la reforma hay un hoyo negro en el tema de auditoría y fiscalización de los estados: tenemos auditores entregados a los gobernadores.

Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano (MC), recordó que los endeudamientos criminales propiciaron en cuatro años un aumento de 230 mil millones a 420 mil millones de pesos. La deuda se fue a la corrupción y al desvío de recursos para financiar proyectos políticos, fue una orgía financiera para beneficiar proyectos políticos.

El perredista Carol Altamirano sostuvo que la reforma reivindica el respeto a los procedimientos constitucionales; no cejaremos en alejarnos de las tentaciones centralistas. En este dictamen se incluye la mayor parte de las observaciones hechas por los diputados. Vayamos por un mejor gasto, por mejorar la fiscalización para acabar la opacidad y la discrecionalidad.

El coordinador de MC, Ricardo Monreal, criticó el proyecto: no pueden decir que es una reforma federalista; me parece un lenguaje inapropiado, un debate falso. Las tres reformas inscritas son centralistas, porque le restan a la autonomía de los estados y se atribuye a la Federación en detrimento de los estados.