Ayer entró en vigor la ley antilavado de dinero y, producto de esta norma, empezó a operar la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República (PGR).

Para la investigación, la nueva oficina usará métodos y variables criminales socioeconómicas y financieras, así como herramientas de inteligencia y medición del riesgo regional de los delitos.

La unidad dependerá directamente del procurador general de la República y su titular tendrá el carácter de agente del Ministerio Público de la Federación, quien contará con personal especializado para cumplir con esta responsabilidad.

Según los artículos transitorios de la ley antilavado, en los próximos 30 días –contados a partir de ayer– el gobierno federal deberá emitir el reglamento de esta normatividad, que fija restricciones, por ejemplo, para el uso de dinero en efectivo en casinos y en la venta de automóviles y bienes inmuebles, entre otros rubros.

El acuerdo publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Federación indica que el responsable de esta nueva unidad tendrá diversas facultades para evitar el lavado de dinero, según marca la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícta.

La unidad desarrollará las metodologías de investigación vinculadas a este trabajo y analizará los patrones de conducta que pudieran estar relacionados con delitos fiscales, financieros u operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Con lo anterior se abroga el acuerdo por el que se crea la coordinación de información y análisis financiero y sus recursos deberán transferirse al nuevo organismo.