León, Gto. El déficit de mil 700 policías en este municipio ha provocado un incremento de la delincuencia, por lo que se requieren patrullajes del Ejército Mexicano, sostuvieron el diputado federal Juan Muñoz Márquez y el regidor Javier Ayala Torres. Detallaron que los mil 300 uniformados en funciones deben doblar turnos, debido a que 500 no pasaron pruebas de control de confianza. Ayala Torres dijo que en la próxima sesión de ayuntamiento, regidores de Acción Nacional solicitarán la destitución del secretario de seguridad municipal, Miguel Pizarro Arzate, pues, según la procuraduría guanajuatense, han aumentado el robo a casa habitación y los homicidios.

Mérida, Yuc. Alrededor de 200 cenotes de esta entidad contarán con sistemas electrónicos para registrar cambios en su estructura y detectar personas que los dañen, así como a saqueadores de vestigios arqueológicos. El primer cenote donde se aplicó esta tecnología fue el de Tza Ujukat, en el municipio de Homún, a 60 kilómetros de Mérida, informó Cristian Escalante, de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Se calcula que en Yucatán hay entre 2 mil y 7 mil cenotes.

Guanajuato, Gto. Más de 3 mil integrantes de la agrupación Antorcha Campesina (de filiación priísta) protestaron frente al palacio de gobierno, donde acusaron al gobernador panista Miguel Márquez Márquez del desalojo de 500 familias realizado por 600 policías en el municipio de Valle de Santiago el 16 de julio. Decenas de elementos antimotines del Estado resguardaron el inmueble oficial ante la presencia de antorchistas provenientes de Guanajuato, Nayarit, Colima, Jalisco y Michoacán. Que el gobierno nos devuelva los terrenos y pague nuestras casas y gobierno panista golpeador de pobres, eran algunas de las consignas escritas en pancartas y mantas.

Guadalajara, Jal. Integrantes del Movimiento por la Dignificación del Adulto Mayor se manifestaron en la plaza de armas de esta ciudad para exigir al gobierno de Jalisco, encabezado por el priísta Aristóteles Sandoval Díaz, el pago de sus pensiones. Catalina González, miembro del consejo de mayores de ese movimiento, informó que desde noviembre de 2011 las autoridades han retrasado injustificablemente el pago de pensiones, lo que contraviene la Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor.