Puerto Vallarta, Jal., 11 de agosto.

Chilpancingo, Gro. La Comisión Interinstitucional de Apoyo a los Migrantes supervisará a partir de esta semana la salida de unos 30 mil jornaleros indígenas de la Montaña alta y baja a diversos campos agrícolas de Sinaloa y Sonora, en una primera etapa; no obstante, el Consejo de Jornaleros Agrícolas denunció que no ha llegado la ayuda de la Unidad de Servicios Integrales, por lo cual asumió la atención de los indígenas migrantes de esta entidad que se emplean en otros estados. Nezahualcóyotl Bustamante, de la Secretaría del Migrante y Asuntos Internacionales estatal, anunció que vigilarán a los trabajadores migratorios durante su trayecto y su permanencia para evitar que se violen sus derechos. A su vez, el secretario de Asuntos Indígenas, Filemón Navarro, sostuvo que se entregarán a cada familia migrante despensas, cobertores y otros insumos, además de un seguro por 10 mil pesos para cada uno de sus integrantes. Finalmente, Alberto López Rosas, secretario del Trabajo en el estado, reconoció que el gobierno estatal sólo atiende a 5 mil 500 de los 30 mil migrantes. Se entregan mil 200 pesos a cada uno, siempre y cuando sean contratados previamente por las empresas. Adelantó que en los próximos días los gobiernos de Guerrero y Sinaloa, firmarán un convenio para proteger a los trabajadores agrícolas.

Acapulco, Gro. El vocero del gobierno de Guerrero, José Villanueva Manzanarez, informó que este año se han efectuado mil 806 aprehensiones, contra mil 163 en el mismo periodo de 2012. Asimismo defendió el trabajo de la procuraduría gurrerense y detalló que durante 2013 se han denunciado 137 secuestros y se consignaron 47 averiguaciones previas, de las cuales en 17 se ejerció acción penal. Abundó que los raptos denunciados casi se duplicaron del 16 de mayo al 31 de julio de este año, con 64 casos. Además, se ha detenido a 143 presuntos culpables, se desarticularon 21 bandas de secuestradores y se rescató a 82 personas.

Mexicali, BC. Herminia Laguna Rodríguez, Mónica Segura Peinado y María Tovar Ceballos, empleadas del sistema penitenciario estatal que denunciaron atropellos laborales del director, Francisco Jiménez, revelaron que las represalias se han recrudecido contra 26 custodios, pues ahora no les proporcionan viáticos y les niegan vacaciones. Los quejosos indicaron que buscaron ayuda del diputado local Marco Vizcarra Calderón, quien el 12 de marzo presentó un punto de acuerdo para garantizar los derechos de los custodios. El documento, dirigido al gobernador José Osuna Millán, no recibió respuesta.