La pretensión de algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de restringir los convenios internacionales de derechos humanos cuando se contrapongan a la Carta Magna, es una actitud regresiva que en los hechos podría anular los avances de la reforma constitucional de junio de 2011 en dicha materia, advirtieron activistas de organizaciones sociales.

Édgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), indicó que si el máximo tribunal del país limita el alcance de los tratados internacionales, nos regresaría al tiempo anterior de la reforma constitucional de derechos humanos, en los que los convenios estaban por debajo de la Constitución.

Un acto así, recalcó, iría en contra de la decisión de integrar las facultades de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos en un mismo paquete, y no poner a unos por debajo de otros, convirtiendo a México en un Estado esquizofrénico que avanza en materia legislativa para proteger las garantías básicas, pero al mismo tiempo retrocede por la vía jurídica.

“Lo que estamos viendo es un debate entre un tipo de derecho que quiere poner a las personas como su razón de ser y otro que más bien se preocupa por las formalidades, por el statu quo, que privilegia la tradición jurídica mexicana de la jerarquía constitucional. Sería una contrarreforma de derechos humanos por la vía jurídica”, lamentó.

Raúl Ramírez Baena, director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, coincidió por su parte en que el intento de algunos ministros de la SCJN para limitar los convenios internacionales se trata de una acción regresiva que incluso va en contra del principio de progresividad establecido en las tesis de jurisprudencia de 2011 de la misma Corte.

El llamado control de convencionalidad obliga a todas las autoridades del país, especialmente los jueces, a buscar la protección legal más amplia para los derechos humanos, incluyendo la de los tratados internacionales, pero con este intento todos quedarían anulados. Sólo podrían aludir al texto de la Constitución, dijo.

El activismo de derechos humanos y la exigencia de no poner a los convenios internacionales sobre derechos humanos debajo de la Carta Magna, subrayó, responde al aumento de las violaciones y abusos, no es un acto espontáneo, frívolo o superficial. El problema es que los funcionarios del Poder Judicial no entienden la trascendencia de esto, deploró.