Pese a que Enrique Peña Nieto enfatizó durante su campaña presidencial la necesidad de encontrar soluciones distintas y cambiar el paradigma en materia de seguridad y justicia, una vez en el poder ha hecho prácticamente lo mismo que el gobierno anterior, por lo que es de esperarse que sus resultados finales sean muy parecidos al sexenio de Felipe Calderón.

Así lo advirtió un informe del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), en donde se señala que el planteamiento de seguridad de la actual administración –al igual que en la anterior– no ofrece explicaciones claras de la forma en que se va a enfrentar la violencia ni tiene un objetivo definido al cual pretenda llegar.

En el documento, de 20 páginas, la organización recordó que Peña Nieto afirmaba durante su campaña que los esquemas de seguridad debían mostrar más eficacia, mediante soluciones distintas que le devolvieran la tranquilidad y la paz a la gente.

Para lograrlo, Peña Nieto anunció durante su toma de posesión que su primera acción de gobierno sería lanzar el Programa Nacional de Prevención de la Violencia para atacar dicho fenómeno de manera interinstitucional, pero a nueve meses del inicio de su mandato, la tasa de ejecuciones se mantiene igual que en el sexenio anterior en entidades como Guerrero, Chihuahua, Jalisco, Sinaloa, Nuevo León y estado de México.

En lo que se refiere a los cuerpos policiacos, el mexiquense propuso desarrollar una policía profesional, con formación de carrera, pero dicha promesa únicamente se ha circunscrito al proceso de certificación mediante controles de confianza, que avanza a un ritmo demasiado lento.

La iniciativa de crear una Gendarmería Nacional, por otro lado, ha sido postergada en varias ocasiones, no se ha determinado con claridad cuáles serían sus facultades y ni siquiera fue mencionada en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, pese a que en teoría es una de las propuestas estrella de Peña Nieto.

Tampoco se ha dado a conocer cómo se mejorará el sistema penitenciario y el funcionamiento de los ministerios públicos, cómo atenderá a las víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos y de qué forma se acelerará la puesta en marcha del sistema penal acusatorio.

Por ello, el IMDHD enfatizó que la supuesta diferencia en materia de seguridad entre este sexenio y el anterior es inexistente, lo que probablemente obligará a las fuerzas armadas a seguir haciendo labores de seguridad pública durante los próximos cinco años.