medida que las protestas magisteriales en contra de la reforma educativa se amplían y multiplican en sus expresiones y en su intensidad –como quedó de manifiesto esta semana con la realización de marchas en la capital del país y paros de labores en 25 entidades de la República–, crecen también las muestras de insensibilidad y falta de voluntad política por parte del gobierno federal para atender el conflicto y buscar una solución al mismo.

Ayer, al poner fin a su participación en la cumbre del G-20 en San Petersburgo, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que su gobierno agotará la vía del diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), pero insistió en que la reforma educativa va para adelante. Ello equivale a descartar a priori la principal demanda actual del magisterio disidente respecto a dicha norma: el veto presidencial a la cuestionada Ley General del Servicio Profesional Docente, aprobada en un santiamén el pasado domingo por el Congreso.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Emilio Chuayffet, reiteró ayer que el único interlocutor válido para el gobierno en el contexto presente es la cúpula del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), lo cual resulta doblemente improcedente: por un lado, porque la legitimidad de esa dirigencia es crecientemente cuestionada por el magisterio, sobre todo a la luz de su decepcionante defensa de los derechos laborales en el contexto de la discusión y aprobación de la reforma educativa; por el otro, porque con semejante alegato el funcionario pasa por alto que la protesta magisterial actual no está articulada por la referida organización sindical sino, guste o no, en torno al magisterio disidente, y que lo deseable es que éste sea reconocido como interlocutor de las autoridades en esta coyuntura.

Una muestra de indolencia similar a las mencionadas fue formulada por el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete, quien ayer también afirmó que la protesta de los maestros contra la reforma educativa no tiene fundamento, porque no se va a correr a nadie. Semejante alegato choca con declaraciones formuladas recientemente por el mismo Chuayffet en una entrevista televisiva, en el sentido de que las leyes referidas permitirán cambiar el 60 por ciento de la plantilla laboral docente en los próximos 12 años, lo que da sustento a las críticas de que la naturaleza de la reforma comentada dista de ser educativa; que se trata, en cambio, de una reforma de carácter administrativo y laboral, y que tiene como fin imponer una amenaza permanente sobre el magisterio y precarizar sus condiciones de trabajo.

Es pertinente recordar, por último, que las marchas y bloqueos que se han venido desarrollando en forma cotidiana en la capital y en otras partes del país –sin desestimar las molestias que puedan causar a la ciudadanía– son consecuencia de una exasperación creciente de un amplio sector del magisterio ante la falta de cauces para la atención de sus reclamos. Sería deseable que el gobierno federal asumiera la responsabilidad política que le corresponde en la configuración de dicha problemática.