En defensa de policías comunitarios

l gobierno de Guerrero, como parte de su embestida actual en contra de la Policía Comunitaria (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, CRAC-PC), pretende violentar no sólo el fundamento legal que ampara sus funciones, consagrado en la Ley 701, esto es, el estado de derecho, sino la experiencia de 18 años de esta propuesta social que los mismos funcionarios estatales han reconocido por su eficacia en términos de seguridad y justicia, buscando imponer su incorporación a una policía rural subordinada a la Secretaría de Seguridad Pública. La Policía Comunitaria ha demostrado una calidad de respuesta operativa y legitimidad que ninguna instancia policiaca y judicial tiene en todo el estado. En lugar de reconocer la experiencia trascendente de la CRAC-PC, el gobernador Aguirre la desvirtúa y la ataca, mientras evade enfrentar a las redes de la delincuencia organizada que impunemente operan, obedeciendo también a los intereses de las empresas mineras que han encontrado en la CRAC-PC una fuerte oposición a sus iniciativas de depredación en territorio comunitario. Manifestamos nuestro reconocimiento a la CRAC-PC y exigimos enérgicamente al gobernador Aguirre el cese inmediato de la campaña en su contra, así como el respeto irrestricto a dicho proceso, ejemplar para Guerrero y el país.

uede darse una contradicción entre tratados internacionales sobre derechos humanos y la Constitución? La contradicción en lógica jurídica supone una contraposición excluyente e irreconciliable: o es A o es B y no puede haber composición posible. Claro que puede darse una contradicción entre ambos instrumentos del derecho, cuando en ambos se plantean tesis que se excluyen por su propia naturaleza. Pero el destino de los tratados internacionales no es de por sí contraponerse al orden constitucional interno, sino complementarse con éste para lograr su cambio y su adecuación a los consensos internacionales sobre derechos humanos.

l atraso en lo que se supone son reformas impostergables en el México de nuestros días, es apabullante. Las propuestas de los legisladores suelen ser limitadas y parciales, hay muy poca voluntad política para solucionar de raíz los problemas y asumir reformas integrales. De ahí el permanente gradualismo de las reformas que solucionan lo más fácil, dejan para después lo más complicado o evaden tocar los temas más espinosos.

n gobierno ilegítimo nacido de la imposición y de la compra de votos dirige un Estado en descomposición, que no tiene la confianza de las mayorías (que se abstuvieron o votaron contra el gobierno del PRI), no es capaz de luchar contra la delincuencia, el narcotráfico y la corrupción que infectan el aparato estatal y tiene como principal objetivo destruir todas las barreras, sindicales o jurídicas, a la superexplotación de los bienes comunes, el ambiente y la fuerza de trabajo mexicanos por un puñado de grandes empresas extranjeras, retornando así a principios del siglo XX, antes de la Revolución Mexicana y del gobierno de Lázaro Cárdenas. En su entrega de la minería, del petróleo, de los recursos hídricos, este gobierno ilegítimo despoja al pueblo mexicano de las bases mismas de la soberanía y la independencia nacionales. La destrucción de la resistencia sindical, las modificaciones profundamente reaccionarias de las leyes laborales, la ley de educación aprobada con fórceps y a espaldas de la legalidad institucional y diseñada para destruir el sindicato de maestros y rebajar aún más el nivel de educación, para que los mexicanos sean simplemente mano de obra barata y no calificada para las empresas de Estados Unidos, van en la misma línea del intento de aplastar a los electricistas, a los mineros, a todos los sindicatos que resistan y de convertir a la universidad pública en servidora de las necesidades empresariales. Carente de consenso social, el semi-Estado mexicano es botín de los depredadores y está cada vez más alejado de la sociedad mexicana. Por tanto, el aparato estatal depende cada vez más de la restricción de los espacios democráticos y de la transformación de las fuerzas armadas en una policía represora de la población.

l 15 de agosto el presidente Correa de Ecuador anunció la extracción de petróleo en el bloque ITT del Parque Nacional Yasuní, el llamado Plan B. El plan A consistía en dejar 850 millones de barriles en tierra (nueve días de consumo mundial) y contribuir así a la lucha contra el cambio climático, ya que ese petróleo no se quemaría, conservar una diversidad biológica realmente única y proteger los derechos de los grupos indígenas allí presentes. El Plan A incluía la petición a gobiernos o ciudadanos del mundo de contribuir con 3 mil 600 millones de dólares en 12 años a un Fideicomido auspiciado por el PNUD, la mitad de lo que se estimaba que Ecuador dejaría de ganar. Eso en virtud de la responsabilidad diferenciada en el cambio climático, o como un pago a cuenta de la deuda ecológica del Norte al Sur.

abrizio Mejía Madrid se fue al Zócalo a dormir con los maestros. Entró encorvado a una tienda de campaña y compartió su suerte, el arroz en plato de cartón y el cigarro que disipó los malos olores. Escuchó al profesor de Huejutla, Hidalgo, José Luis Alcántara Ramírez, quien le dijo: ¿Nos van a quitar los trabajos con el argumento de que no pasamos un examen que quién sabe quien inventa? Nosotros sabemos cosas que no pueden evaluarse: si una cosecha necesita nitrógeno, porque el maíz tiene las hojas amarillas; si va a llover, porque la Luna está curva; si hay que hablar con un padre de familia, porque le pega a su esposa y el niño va bajo en calificaciones. ¿Eso se puede poner en un examen?