En lo que constituyó el primer contacto del movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador con la Presidencia de la República, la comisión especial integrada por José Agustín Ortiz Pinchetti, Bertha Luján y Octavio Romero Oropeza entregó la propuesta formal al presidente Enrique Peña Nieto para que solicite al Congreso se consulte a la sociedad las reformas constitucionales en materia energética.

De igual forma, en el mismo documento –que después fue difundido públicamente– se incluye la propuesta de un plan de austeridad en el presupuesto gubernamental que permita el ahorro de 385 mil millones de pesos en el ejercicio 2014. Con ello, se cancelaría la pretensión de incrementar los impuestos a la población pues, según el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), esto se compensaría con los ahorros en el gasto.

Sin mediar solicitud de audiencia, la comisión se presentó en la oficialía de partes de la secretaría particular de la Presidencia de la República. No se solicitó encuentro alguno con funcionarios del gobierno federal, precisó Bertha Luján, una vez que entregaron formalmente el oficio.

En conferencia de prensa, Ortiz Pinchetti detalló parte del documento que resumía lo planteado por López Obrador el domingo pasado en Paseo de la Reforma. ‘‘Si se actúa de manera responsable y con voluntad política, puede ajustarse el marco legal para celebrar dicha consulta con carácter vinculatorio’’.

A pregunta expresa sobre una eventual negativa de la Presidencia de la República, Ortiz Pinchetti rechazó conjeturar escenarios y dijo que aguardarían la respuesta, al tiempo que se prepara la próxima movilización de Morena, el 6 de octubre, donde se definirán las acciones a seguir.

El documento también propone cancelar el incremento de los impuestos, censurando el crecimiento acelerado del gasto público a partir de 2000. Sobre el particular, Romero Oropeza detalló el contenido de la propuesta de austeridad, que incluye la reducción de 15.4 por ciento total en el presupuesto desglosado de la siguiente manera:

En el capítulo 1000, correspondiente a salarios, se plantea una baja de 29.5 por ciento, mediante la reducción de 50 por ciento de los sueldos de la alta burocracia, incluidos los poderes Judicial y Legislativo; en el apartado 2000, compra de materiales, se modificaría a la baja en 27.1 por ciento; en el 3000, correspondiente a servicios, la baja sería de 49.9 por ciento (que incluiría cancelación de pagos por asesorías y remodelaciones de oficinas, entre otras).