La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que la recomendación 32/2013, emitida el 27 de agosto pasado con motivo de la violación a las garantías individuales de una mujer que reclamó una pensión alimentaria y fue privada de su libertad durante 12 meses, fue aceptada por sus destinatarios, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. En un comunicado, la CNDH dijo que constató las acciones y omisiones de las autoridades referidas, que dieron lugar a las violaciones a los derechos a la seguridad jurídica, legalidad, acceso a la justicia, acceso a las garantías y al debido proceso legal de la víctima; de igual forma confirmó que se vulneraron los derechos de sus dos hijos menores con discapacidad a quienes, entre otros, se les transgredió su derecho a un desarrollo integral. La CNDH solicitó que en un acto público, ante la presencia de las víctimas y familiares, se les ofrezca una disculpa institucional, la cual implique el reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos en que incurrieron servidores públicos de esas dependencias y que den a conocer las medidas y garantías para la no repetición de actos como los sucedidos.