El PAN presentó ayer su propuesta de reforma político-electoral, que incluye anular las elecciones si el candidato presidencial rebasa los topes de campaña –incluso por un peso–, y no dejarlo competir nuevamente; la reelección de legisladores, así como la creación de nuevos órganos electorales.

Al hacer pública su iniciativa, el presidente del PAN, Gustavo Madero, condicionó de nuevo la aprobación de la reforma energética a que primero se voten las modificaciones político-electorales, incluyendo su respectivas leyes secundarias. Mencionó que no es chantaje ni bravuconada, pero el gobierno de Enrique Peña Nieto conoce esta postura del blanquiazul, expresada ya en la mesa del Pacto por México.

A diferencia del proyecto presentado en el sexenio pasado, éste deja fuera la reducción del número de senadores y diputados, aunque Madero mencionó en la sede de su partido que la voluntad persiste.

El líder panista, acompañado de una veintena de legisladores, dio los pormenores de su propuesta, entre los que destaca la creación del instituto nacional electoral, con el fin de quitar la dependencia de los institutos locales a los gobernadores y ahorrar recursos.

Deja en manos de un comité de evaluación, conformado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la evaluación de los aspirantes que se propondrán a la Cámara de los Diputados.

La nueva legislación electoral única contempla la concurrencia de las elecciones federales y locales para el primer domingo de julio. También plantea mecanismos para el voto de mexicanos que residen en el extranjero y un programa para implementar a partir de 2015 la votación electrónica en al menos la tercera parte de los distritos.

También prevé la creación del tribunal de justicia electoral como única instancia jurisdiccional competente para la resolución de los conflictos electorales, eliminando a los tribunales electorales de los estados.

Establece como requisito para la conservación del registro y el acceso a sus prerrogativas el obtener al menos 5 por ciento de la votación respectiva y no 2 por ciento, como ahora.

El candidato ganador de una elección que rebase con un solo peso el tope de los gastos de campaña, adquiera propaganda presentada como información o utilice fondos al margen de la legislación electoral será sancionado con la nulidad de su elección y no podrá volver a participar en el proceso extraordinario, según su iniciativa.

La reforma política prevé la relección de senadores por una ocasión, de diputados federales y locales en tres ocasiones, o sea por un periodo máximo de 12 años consecutivos, así como de los presidentes municipales y los jefes delegacionales hasta por nueve años seguidos.

Obliga a los partidos políticos a registrar al menos 40 por ciento de candidaturas de propietarios y suplentes de un mismo género para evitar el fenómeno de las llamadas juanitas.

Propone la ratificación por el Congreso de los secretarios de Hacienda y de Relaciones Exteriores, así como del responsable de la seguridad pública del país.

En el caso de que una elección de presidente de la República, gobernador o jefe de gobierno no tenga una mayoría calificada, se establece la posibilidad de una segunda vuelta el segundo domingo de agosto, y de un gobierno de coalición.

Incluye, por último, otorgar autonomía tanto al Ministerio Público como a la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Para evitar la politización de las mediciones de pobreza plantean además que la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social sea un organismo constitucional autónomo.