l intervenir en el pleno de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, denunció las prácticas de espionaje efectuadas por el gobierno de Estados Unidos, que han sido difundidas en semanas recientes a partir de las filtraciones realizadas por el ex consultor de seguridad nacional estadunidense Edward Snowden, y entre cuyas víctimas se encuentran autoridades, empresas y ciudadanos de todo el mundo. La mandataria, quien en días previos canceló una visita oficial a Washington en señal de protesta por la intervención de sus mensajes personales, calificó las acciones de Washington de un quebrantamiento al derecho internacional y una afrenta, y demandó regular como corresponde la conducta de los estados en cuanto a la utilización de estas tecnologías.

De tal forma, la presidenta de Brasil coloca a su país a la vanguardia de un reclamo que debiera ser secundado por la comunidad internacional, habida cuenta del carácter masivo e ilegal de la red de espionaje estadunidense. Si algo ha quedado claro a raíz de las informaciones difundidas el pasado 1º de septiembre por la cadena Tv Globo –que documentan la intercepción de comunicaciones de la propia Rousseff y de Enrique Peña Nieto, cuando éste era candidato presidencial–, es que Washington miente cuando afirma que sus programas de espionaje están orientados a obtener información para salvaguardar su seguridad nacional. Por lo contrario, con tales políticas la superpotencia se coloca en forma desleal en una circunstancia de ventaja diplomática y política frente a otros gobiernos, atropella las soberanías nacionales y coloca a las autoridades en situación de vulnerabilidad y riesgo.

Tales actitudes, en conjunto, ameritan una actitud enérgica y firme de defensa de la soberanía y la legalidad internacional, como la formulada ayer por Rousseff en el pleno de naciones, y dicha postura pone en perspectiva la consolidación de Brasil como una potencia diplomática emergente con proyección mundial.

Resulta inevitable contrastar esa proyección con la actitud que ha asumido el gobierno mexicano frente a prácticas de espionaje que, en el caso de nuestro país y hasta donde se sabe a partir de las referidas filtraciones, han estado orientadas a obtener información del sector energético y la lucha contra el narcotráfico y a interceptar mensajes privados entre el titular del Ejecutivo federal y sus colaboradores. Sin embargo, más allá de una solicitud de explicaciones a la Casa Blanca, las reacciones de la institucionalidad nacional ante esta práctica ilegal e injerencista del gobierno estadunidense ha sido insuficiente, tibia y claramente orientada a minimizar las revelaciones.

Más allá de posturas políticas coyunturales, y de la continuidad de inercias heredadas –como la relación de sumisión respecto del gobierno estadunidense durante la pasada administración federal–, este contraste pone de manifiesto la pérdida de liderazgo de nuestro país como interlocutor en el escenario internacional y, particularmente, como punto de encuentro entre Washington y las naciones ubicadas al sur del río Bravo, situación que se explica a raíz de las deficiencias en la conducción del país en varios frentes, sobre todo en el diplomático y el económico. Por desgracia, en el escenario actual no parece haber perspectivas para recomponer esa involución.