La negativa de la administración de Enrique Peña Nieto para firmar el tratado internacional de lucha contra la pobreza de la Organización de Naciones Unidas (ONU) es un mensaje de que para el actual gobierno poner fin a la miseria en el país es simplemente un asunto accesorio, aseveró Amnistía Internacional (AI).

El organismo recordó que este 24 de septiembre se cumplen cuatro años de que se abriera a firma en Naciones Unidas el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (lineamiento global de lucha contra esos problemas) y pese a que el Senado ha llamado –tanto al gobierno de Felipe Calderón como al de Peña– a ratificarlo, hasta el momento México no lo ha firmado.

Si bien adherirse a este instrumento no solucionará per se la pobreza en el país, representaría un paso necesario para dotar de poder a quienes viven en esa condición y sería una muestra del compromiso del Estado mexicano para combatir este flagelo, señaló Daniel Zapico, representante en México de AI.

Este protocolo fue aprobado por consenso en la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 2008 y entró en vigor el pasado 5 de mayo. A la fecha ha sido firmado por más de 41 países.

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en México hay al menos 53.3 millones de personas viviendo en pobreza, equivalente a 45.5 por ciento del total de habitantes.

A esta cifra se debe añadir la de la población vulnerable por carencia social, 33.5 millones de personas, y por bajos ingresos, que es de 7.2 millones. De esta forma, sólo 23.2 millones de personas en México, el 19.8 por ciento de la población, no enfrenta pobreza ni situación de vulnerabilidad, añadió la organización.

Este protocolo es un instrumento clave en la lucha contra la pobreza pues posibilita a cualquier persona o grupo presentar sus casos de falta de acceso a derechos como educación, agua, vivienda digna o salud ante un comité de la ONU.

Recordó que el gobierno de Peña Nieto ha afirmado en repetidas ocasiones su compromiso para combatir de forma efectiva la pobreza en el país. Y la negativa a ratificar este instrumento pone en duda la seriedad de su compromiso, pues no ha titubeado en firmar tratados comerciales. Parecería que para las autoridades mexicanas poner fin a la pobreza es simplemente un asunto accesorio añadió Zapico.

AI planteó que toda política de lucha contra la pobreza debe poner el respeto a los derechos humanos en el centro de su actividad y garantizar la participación efectiva de las personas cuyas garantías son violentadas. Agregó que se requieren mecanismos efectivos de rendición de cuentas para garantizar que las políticas oficiales realmente sirvan para combatir la miseria.