Los actos de violencia ocurridos el pasado miércoles fueron aprovechados por diputados de PRI, PAN y PVEM para presentar y defender una iniciativa que busca criminalizar la protesta social, endurecer las penas en contra de quienes cometan actos violentos en marchas y acotar las manifestaciones para que éstas no se realicen en vías primarias.

En tanto, en el Senado, las fracciones de PRD y PAN se confrontaron, ya que los panistas, en voz de Mariana Gómez del Campo, insistieron en que haya una contrarreforma que sancione severamente a manifestantes que provoquen actos de violencia y acusaron al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, de permitir la impunidad de grupos violentos.

En San Lázaro, el panista Francisco Sotomayor volvió a presentar un proyecto que ya había sido desechado en comisiones; legisladores de PRI y PVEM ofrecieron sumarse al proyecto. Para definir el respaldo del tricolor a la iniciativa panista, el diputado Francisco Zepeda exclamó: ‘‘Estamos a favor de la libertad de expresión y de las manifestaciones pacíficas, pero no del libertinaje político ni de los actos delincuenciales’’.

La iniciativa fue turnada a la Comisión del Distrito Federal, pero el presidente en turno de la mesa directiva, José González Morfín (PAN), se negó a ampliar el turno, como lo solicitaron diputados de distintas fracciones a la Comisión de Derechos Humanos.

Ricardo Monreal y Ricardo Mejía, de Movimiento Ciudadano, lamentaron que Sotomayor insista en una reforma que no cuenta con el respaldo de la Cámara ni de las organizaciones defensoras de derechos humanos. La iniciativa del PAN pretende que quienes quieran realizar una marcha notifiquen día y hora de su realización, el ‘‘objeto de la reunión, número aproximado de participantes, medidas de seguridad prevista por los organizadores y demandas sociales o de carácter político’’.

Por otra parte, la senadora Gabriela Cuevas (PAN) propuso una iniciativa –publicada ayer en la Gaceta Parlamentaria– para regular las movilizaciones, que faculta a la autoridad a disolver aquellas manifestaciones contrarias ‘‘a las buenas costumbres’’, a las normas de orden público, así como aquellas en que los manifestantes ‘‘profieran insultos o amenazas’’ o empleen violencia contra las personas y sus bienes; además, se faculta a la autoridad a imponer multas de hasta 30 días de salario mínimo y arresto de hasta 36 horas.

Se trata de una reforma propia de la derecha más retrasada, comentó el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, quien consideró que los panistas evidencian ‘‘oportunismo político’’.