La juez 19 penal de delitos no graves del Distrito Federal fijó fianza de 130 mil pesos para nueve de los detenidos durante la conmemoración de la matanza de Tlatelolco, el pasado 2 de octubre.

La caución por el delito de ataques a la paz pública impuesta por la juzgadora Marcela Ángeles Arrieta es para las dos mujeres que se encuentran en penal femenil de Santa Martha Acatitla y siete jóvenes en el Reclusorio Varonil Oriente.

De los otros 10 detenidos, nueve fueron puestos a disposición del juez 40 penal en el Reclusorio Norte, Jorge Martínez Arreguín, y uno más con el juez 32, Jesús Ubando López, en el sur. A estos últimos se les imputó el delito en pandilla, lo que agravó su situación, pues no alcanzan la libertad bajo caución y podrían llevar su proceso en reclusión.

Los abogados de la Liga Primero de Diciembre, que defienden a los 19 detenidos acusados de ataques a la paz pública, ultrajes a la autoridad, daño en propiedad ajena y robo en pandilla, señalaron que las detenciones en todos los casos fueron arbitrarias y continúa el procedimiento con irregularidades.

Miguel Méndez, defensor legal de los jóvenes que se encuentran en el Reclusorio Oriente, señaló que durante la madrugada la juez Arrieta les tomó la declaración preparatoria, además de notificarles el monto de las fianzas, sin que estuvieran sus abogados presentes y les fueron asignados de oficio, lo cual es violación al debido proceso.

Calificó de excesivo el monto de la garantía, porque por sólo un delito les impuso 130 mil, cuando hemos tenido casos que hasta por cuatro fijan esa suma; la situación, dijo, se debe analizar.

Detenciones en sitios diversos

La abogada de los ocho detenidos del Reclusorio Norte, Alma Mergarito, expuso que se pidió la duplicidad del término, para que en 144 horas puedan argumentar con pruebas, testimonios y videos que los jóvenes no participaron en los disturbios y que los detuvieron en sitios diferentes a los señalados por los uniformados en su declaración. Podrán demostrar que no se conocían y que participaron en la marcha de manera individual e independiente, por lo que la asociación delictuosa no se sustenta. Al cierre de esta edición los abogados intentaban pagar las fianzas para evitar que los jóvenes que alcanzaron la caución permanezcan detenidos más tiempo.

Sobre el cambio de identidad que hizo Jorge Mario González García en su declaración ministerial, pues dio como nombre el de Mario Alberto Malacara, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal abrió un nuevo expediente.

De acuerdo con la dependencia, mediante las huellas dactilares descubrió que se ostentó con un nombre falso y cuenta con antecedentes penales, lo cual agrava su situación y podría permanecer en prisión, a pesar de que el delito que se le imputa no es grave.