Cientos de personas, entre familiares, estudiantes, maestros de la CNTE e integrantes de organizaciones sociales realizaron ayer una marcha del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Vallejo al Reclusorio Norte, con el fin de demandar la liberación de los 27 jóvenes detenidos durante la marcha del 2 de octubre pasado y que permanecen en ese penal, el Oriente y Santa Martha Acatitla.

La marcha partió pasadas las 15 horas y arribó después de las 17 a las inmediaciones del reclusorio, donde una valla de granaderos del gobierno capitalino impidió el paso, en medio de una situación tensa que no pasó a mayores.

De un lado, por ejemplo, jóvenes de la llamada Asamblea Emergente del Che enderezaron fuertes críticas y palabras altisonantes contra los uniformados presentes, así como contra el presidente Enrique Peña Nieto y el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, a quienes caracterizaron como fascistas y represores.

Del otro lado, atrás de la valla y trepados en el techo de uno de los camiones azules que los transportan, varios granaderos mostraron armas lanzagases.

De manera prudente, el grueso de los contingentes, formado sobre todo por profesores de Oaxaca, Veracruz, Chiapas y otros estados, optaron por mantenerse a unos 50 metros de la valla de granaderos, aunque una vez disminuida la tensión se acercaron con su camioneta blanca dotada de bocinas para participar en el mitin.

Marcha del CCH Vallejo al Reclusorio Norte, ayer, a su paso por la avenida 100 Metros. Participaron maestros de Oaxaca, estudiantes, familiares y amigos de los jóvenes detenidos el miércoles pasadoFoto Francisco Olvera

Contra lo esperado, la marcha se desarrolló con tranquilidad y sólo con incidentes menores, como cuando jóvenes de organizaciones sociales de la ciudad de México, que se posicionaron a la vanguardia, gritaron fuera a un fotógrafo que se cubría el rostro y además portaba casco de motociclista. O como cuando algunos vecinos ebrios de la colonia Progreso Proletaria rechazaron el paso de la manifestación por sus calles, aunque fueron controlados por varios uniformados.

En el mitin, la señora Adriana Prado, madre de la joven Aztlalli Cabrera Prado, detenida en Santa Martha y acusada de ataques a la paz pública, se dirigió a los granaderos y les cuestionó que ellos también son del pueblo y que no tienen dignidad, pues defienden a los poderosos y sus hijos también podrían ser reprimidos.

Tras una negociación, una comisión de los inconformes pudo trasponer la valla para ingresar a los juzgados del reclusorio. En ella iban tres abogados de la sección 22 de la CNTE, encabezados por Jerónimo Martínez Ambrosio, quienes participarán en la defensa de los detenidos como un apoyo solidario y respaldo social y legal.

Las participaciones durante la marcha y el mitin coincidieron en demandar la desaparición del cuerpo de granaderos y exigir a los gobiernos capitalino y federal el alto a la criminalización de la protesta social en el país.