La Paz, BCS., 15 de octubre.

El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, destacó la importancia de que haya un código de procedimiento penal único, que está a punto de aprobar el Congreso, que facilite la actuación de todos los abogados, jueces, agentes del Ministerio Público y ciudadanos en el país.

Al poner en marcha los trabajos de la Conferencia de Procuradores de la Región Noroeste y Noreste del país en esta ciudad, el político hidalguense dijo que el código dará una posibilidad mayor a quienes ejercen la profesión de abogados y trabajan en relación con la administración de justicia.

En presencia del gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor y de los procuradores de Baja California Sur, Coahuila, Sonora, Baja California, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas y Aguascalientes, dijo que contar con un solo documento en lugar de 33 –incluido el federal– permitirá que la doctrina del estudio, la filosofía y teoría del derecho puedan generarse en mejores condiciones y con mayor amplitud entre todos los que compartimos el territorio nacional.

Soberanía en la punibilidad

Aclaró, sin embargo, que lo que se va a generar como único es sólo el procedimiento, la parte adjetiva del derecho penal, y que se mantiene como debe de ser en el ámbito de cada una de las entidades federativas la soberanía para determinar cuáles son los tipos y las conductas que se señalan como punibles, sancionables, aquellas que la sociedad no quiere que se den y que son las que tienen que aparecer en el código penal de cada estado.

Murillo Karam dijo que ligado a lo anterior también se trabaja en un sistema adversarial, acusatorio, oral, en el que la equidad en el proceso sea más clara, en el que el concepto de autoridad que hoy tienen las procuradurías se fije en el sentido de que ésta no incurre en un sobrejercicio contra la otra parte que es la que defiende; donde se ponen en igualdad de condiciones la defensa y el fiscal, que se enfrentan a un juicio de frente de cara al juez para que pueda de manera personal y clara, determinar lo que considere más adecuado y justo apegado a las normas que lo rigen.

Un sistema, añadió, que permita tener más pronto los resultados de un juicio y que tenga alternativas que no lleve en todos los casos innecesariamente a la penalización en la que se hace sinónimo de cárcel la actuación de un juez.