Durante los dos sexenios pasados, la sanidad mental estuvo dentro de los programas prioritarios de la Secretaría de Salud (Ssa), pero sólo en el papel, porque aunque en 2004 se creó el Consejo Nacional de Salud Mental (Consame) como órgano rector en la materia, ha estado acotado en el presupuesto y también el ejercicio de sus actividades.

Bajo responsabilidad del Consame están 33 hospitales siquiátricos de los estados, así como tres federales: el Samuel Ramírez Moreno, el Fray Bernardino Álvarez y el Infantil Juan N. Navarro, que son coordinados por los Servicios de Atención Siquiátrica, a cargo de Carlos Campillo Serrano, y adscritos a la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad.

Llama la atención que las unidades Ramírez Moreno y Navarro están entre las que tuvieron más señalamientos de irregularidades en el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la semana pasada. El primero, porque no garantiza la protección de la salud de los pacientes, hay irregularidades en la comunicación de los internos con el exterior y deficiencias en la atención que se otorga a personas con discapacidad física y adultos mayores, entre otros.

Las instalaciones del Infantil Juan N. Navarro son inadecuadas; el hospital no garantiza la protección de la salud, y hay irregularidades en el consentimiento informado, es decir, el mecanismo para asegurar que los enfermos y sus familias tienen la información clara y suficiente sobre los tratamientos e intervenciones clínicas.

En tanto, el Consame debería contar con recursos para impulsar las actividades de rehabilitación y reinserción social de las personas que durante décadas han permanecido internadas en los siquiátricos, más de 2 mil 200, de acuerdo con información del propio consejo. Sin embargo, esto no ocurre porque el organismo dispone de un presupuesto de sólo 27 millones de pesos este año, de los cuales 12 millones se transfieren a los estados con base en su número de camas.

Le quedan alrededor de 2 millones para las tareas de capacitación de personal de los hospitales, supervisión del uso del dinero y elaboración de materiales informativos, entre otros. El resto, otros 13 millones de pesos, son ejercidos desde el nivel central de la Ssa para el pago de los servicios de limpieza, vigilancia, Internet, comedor y laboratorios, entre otros.

A pesar de las restricciones económicas, el consejo ofrece, desde 2006, atención médica a los usuarios del Centro Integral de Salud Mental (Cisame) en San Jerónimo, Distrito Federal, con alrededor de 600 mil consultas y servicios de laboratorio clínico e imagen totalmente gratuitos. Virginia González Torres, secretaria técnica del Consame, sostiene que de esta manera se garantiza que los enfermos solicitarán ayuda.

Nadie paga ni un peso, afirmó la funcionaria. Con el Cisame y el Hospital Siquiátrico José Sáyago, en el estado de México, se comprueba que sí es posible mejorar la calidad de vida de las personas con algún trastorno mental.