egún información publicada ayer por The Wall Street Journal, el gobierno de Enrique Peña Nieto y el Partido Acción Nacional llevan a cabo negociaciones avanzadas para promover una reforma legal que permitiría al Estado mexicano compartir la producción petrolera, así como conceder contratos de licencia diseñados para acceder a depósitos de gas de esquisto y crudo en aguas profundas. El rotativo señala que dicha propuesta de reforma es más ambiciosa que la iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo federal hace unos meses –la cual prevé la posibilidad de suscribir contratos de utilidad compartida en materia energética con particulares– y que, de ser aprobada, México pasaría de ser un mercado energético controlado por una sola entidad, la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), a ser un mercado basado en la competencia, donde las empresas privadas podrían explorar y producir hidrocarburos por su cuenta, bajo un contrato con el Estado mexicano.

Aunque dichas versiones fueron desmentidas ayer mismo por el director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, lo cierto es que resultan consistentes con el carácter errático y poco transparente del discurso oficial en lo que se refiere a las modificaciones legales en materia energética que se discutirán en el Congreso durante el actual periodo ordinario de sesiones. Debe recordarse que en semanas y meses recientes, con el afán de hacer presentable la iniciativa que promueve la entrega de la renta petrolera mediante los mencionados contratos de utilidad compartida, la publicidad oficial ha recurrido a la consigna opositora de no a la privatización y ha insistido en que Pemex no será entregada al capital privado, en lo que constituye una campaña de desinformación: a fin de cuentas, no es necesario convertir a la paraestatal en una entidad privada para transferir a manos de particulares tramos sustanciales de la industria petrolera o, en todo caso, de la renta obtenida por la venta de crudo. Las suspicacias se multiplican por el hecho de que, ante la evidencia de que la privatización parcial o total del sector energético suscita el rechazo mayoritario de la población, el régimen ha optado por disfrazar su propuesta como recuperación de ideas del ex presidente Lázaro Cárdenas, en lo que constituye una clara distorsión histórica de la expropiación petrolera de 1938 y de su principal artífice.

Por lo demás, la percepción generalizada de que el grupo gobernante busca involucrar al capital privado en la industria petrolera en una escala mucho mayor a la que se admite, cobra fuerza a la luz del paquete fiscal recientemente aprobado en el Congreso de la Unión: en efecto, resulta difícil explicar un requerimiento de recursos públicos como el que se obtendrá por medio de dicho paquete –que incluye la contratación de deuda pública por 800 mil millones de pesos– si no es para cubrir la carencia de recursos derivada de la privatización petrolera, lo que coloca al conjunto de la población ante la perspectiva de un doble saqueo: el derivado de la entrega de la riqueza petrolera a manos de particulares y el fiscal, mediante el cual la propios contribuyentes se verían obligados a pagar las consecuencias de esa privatización.

Cabe pedir al gobierno federal que, de acuerdo con principios democráticos básicos, se conduzca con veracidad y transparencia de cara a la sociedad, y exponga sus propósitos reales en materia energética y petrolera.